Barlovento
¿Militarizar el
Comercio Exterior?
por Raúl Hernández
Rivera
"La guerra es
cuestión de posiciones"
Napoleón Bonaparte
Militar y gobernante francés
En nuestro "planeta azul", el 60 % de la población
mundial vive en la franja costera. En México, sólo el 16 %. El mar cubre el 71%
de la superficie del globo, el restante 29% es tierra. México tiene diez
puertos de altura en el litoral del Océano Pacífico cuya extensión es 50% del
total de superficie marina del mundo. En el litoral del Golfo de México,
nuestro país cuenta con nueve puertos de altura, para conectarse con el Océano
Atlántico que representa el 23% de la superficie marina global. Pese a ello
México carece de una política marítima de Estado, no cuenta con una secretaría
de estado dentro del Ejecutivo Federal que se encargue de todos los asuntos
relacionados al mar y sus riquezas, mientras que contrabandistas y
narcotraficantes aprovechan el vacío de autoridad, corrupción y desorden en las
vías de comunicación y transporte mexicanos, en tanto que el gobierno de
Enrique Peña Nieto sólo da tumbos al proponer parcialmente la transferencia de
la Autoridad Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a
la de Marina (SEMAR) "por razones de seguridad nacional", transferido lector.
Pero... ¿qué pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto al
regresar la autoridad portuaria a la SEMAR?, ¿qué hay detrás de ello?, ¿quieren
rescatar soberanía?. Veamos. Por una parte los medios y los especuladores de la
carente política portuaria de nuestro país, calificaron a la iniciativa
presidencial presentada el pasado mes de marzo, "como una militarización
de los puertos"; hubo quien dijera que los aeropuertos estarían
controlados por la Fuerza Aérea Mexicana y las carreteras por el Ejército
mexicano. Esto está en duda, pues no se concibe cómo los propietarios de las
cesiones parciales de derechos en los puertos mexicanos de altura permitirían
marinos de la Armada de México en sus instalaciones, siendo que casi todas las
principales empresas terminaleras encargadas de la prestación de servicios de
maniobras a la carga y a los buques y dueñas de esas cesiones, son extranjeras,
así como líneas de ferrocarril, terminales aéreas y las carreteras de cuota, privatizado lector.
Sin embargo, resalta la tendencia de medios de comunicación
que se refieren a iniciativas presentadas en el legislativo, como "¿Golpe
militar en puerta?" publicado en El Universal, "Un
grave retroceso, otorgar a militares más facultades en seguridad pública"
publicado en La Jornada, "Golpe de Estado silencioso" y "El
control de los puertos, un “regalo” para la Semar" en el semanario Proceso
de ésta semana. Hay que agregar la exaltación mediática por parte del ejecutivo
federal a todas las acciones militares de los últimos meses que contrastan con
el señalamiento de ONG y organismos nacionales e internacionales que dejan mal
paradas a las fuerzas armadas, por ejemplo, con el caso de Ayotzinapa,
Tlatlaya,
y el de la mujer torturada por militares en Ajuchitlán, Guerrero en febrero del
2015,
Tlalixcoyan,
entre otros, torturado
lector.
Resalta lo acontecido en Tlalixcoyan, Veracruz el 7 de
noviembre de 1991, cuando una avioneta con diez agentes de la Policía Judicial
Federal aterriza poco después de que lo hiciera una avioneta con droga a la
cual perseguían, en el paraje "Llano de la Víbora" a 60 kilómetros
del puerto de Veracruz. Los judiciales fueron acribillados por elementos del
ejército en el lugar que se supone es un campo de entrenamiento de soldados;
siete judiciales murieron. Este hecho es uno más de los enfrentamientos entre
la PGR y el Ejército, en otras pistas aéreas clandestinas en la zona de
influencia de la terminal portuaria, dentro del marco de la "guerra"
contra el narcotráfico, logístico lector.
De acuerdo al Informe Mundial sobre Drogas de la ONU de
2016, el Reino Unido es el mayor consumidor de cocaína del mundo. Escocia se
ubica a la cabeza de los países consumidores de cocaína, por delante de España,
EU, Australia y Uruguay, mientras que Inglaterra y Gales se ubican en sexto
puesto en la lista mundial de consumidores de esta droga de clase A,
clasificación que incluye a la cocaína, el diconal (un potente analgésico), la
heroína, el LSD, el MDMA (éxtasis) y los hongos alucinógenos. Por su parte,
Colombia ocupó el tercer lugar con el 3 % del total mundial en incautaciones de
planta de marihuana, después de México (25 %) y Estados Unidos (39 %). Para la
distribución de las diferentes drogas, hay una tendencia en crecimiento por
parte de los narcotraficantes por utilizar las cadenas logísticas del comercio
internacional y Veracruz es el puerto mexicano a donde llegan contenedores con
mercancía de importación, varios de estos se regresan vacíos a los puertos de
Europa. Esta situación es aprovechada por los traficantes de droga, aprovechado lector.
Pero no nos queda claro el por qué varios sectores y medios
de comunicación califican la iniciativa de transferencia de la Autoridad
Portuaria de la SCT a la SEMAR como una militarización de las terminales
marítimo portuarias del país. Es importante señalar que dicha iniciativa
presidencial recientemente aprobada en comisiones del Senado y a la que sólo
falta la discusión y aprobación del pleno, es vista por los que de esto saben,
como el Capitán Joaquín Dorantes y el Doctor José Eusebio Salgado y Salgado,
como incompleta, pues no sólo deben ser las capitanías de puerto sino toda la
estructura que tiene SCT en materia de la marina mercante. La Autoridad
Portuaria en manos de la SCT ha hecho un muy mal papel. Dorantes dice que:
"Hay que ver el organigrama de la SCT, tomar el rubro de la Coordinación
General Puertos de Marina Mercante completo y transferirlo a la SEMAR con todo
y presupuesto, dentro de una sub secretaría especial. En tanto, Salgado y
Salgado, catedrático de la UNAM, uno de los dos especialistas reconocidos por
la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU en Latinoamérica, y
autor de veinte libros especializados en marina mercante, afirma categórico:
Nunca debió haber salido la Marina Mercante de la SEMAR, ahí se debió quedar,
pues al llegar a la SCT, la arruinaron los camioneros; baste señalar que en
1976 la flota mercante nacional contaba con más de tres millones de Toneladas
de Registro Bruto (TRB) y hoy no llega al millón, desmantelado
lector.
Un capitán de
puerto consultado, que lleva más de 40 años como marino mercante y quien
solicitó el anonimato, nos dice: "La iniciativa está mal planteada e
incompleta, no la han encauzado adecuadamente. Crearon una comisión especial de
la Cámara de Diputados que preside un odontólogo michoacano, el priísta Salomón
Fernando Rosales. Si bien la marina mercante no debió salir de la SEMAR hace 40
años, regresar sólo las capitanías de puertos a Marina, no resuelve el atraso
que en la materia ha padecido nuestro país. Hay que decir que esa medida no es
para premiar a la Secretaría de Marina, pues las capitanías de puerto cobran
por barco de 30 a 40 mil toneladas, algo así como 7,200 pesos por derechos de
puerto, mientras que la Autoridad Portuaria Integral cobra sobre 270 mil pesos
por otros servicios y las APIs no pasarán a la SEMAR. El documento que necesita
el barco para ingresar al puerto o salir de él lo expide el capitán de puerto.
Debe haber algo más en esa iniciativa, pues el tráfico ilegal de cualquier cosa
no lo resuelven todas las fuerzas armadas, no lo han resuelto. Eso me lo dijo
un general del ejército comandante de zona en Sonora, cuando Carlos Ruano
Angulo fue secretario de Marina: "mire capitán, no hay nada ilegal en el
mundo que se mueva un metro, que no esté controlado por las fuerzas
castrense", engatusado
lector.
La medida que
busca aplicar el gobierno mexicano, agrega nuestro informante, "más bien
se parece a lo que implementaron en su momento las dictaduras de Chile y
Argentina". Por ello, si vemos la iniciativa presidencial junto con
lo que publica el columnista José Cárdenas el 25 de noviembre, entonces las
cosas adquieren otro sentido. Cárdenas afirma que ()
"legisladores discuten una iniciativa elaborada por los diputados priístas
César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo en la que se propone 'amarrar la
seguridad nacional a la seguridad interior' y se plantea entregar a la milicia
facultades de investigación y persecución de delitos de manera ilimitada... por
si se ofrece". De aprobarse el documento, agrega Cárdenas, "a las
operaciones militares de rutina como destacamentos y escoltas de seguridad,
bases de operaciones móviles y fijas, intercepciones terrestres, aéreas y
marítimas, patrullajes, vigilancia, custodia en instalaciones estratégicas o
asistencia a la población en casos de desastre, se sumarían 'otras que puedan
ser necesarias'. En esto último radica lo ambiguo", resalta el columnista,
ambiguo lector.
Y abunda Cárdenas: "Como en el caso de la Ley de Seguridad
Nacional, la propuesta prevé que soldados y marinos puedan hacer uso de
cualquier método para obtener información mediante escuchas telefónicas,
trabajos de geolocalización e intervención de correos electrónicos y más. En
los hechos, la información de instituciones gubernamentales y organizaciones
civiles autónomas quedaría sometida a los intereses del poder, custodiado por
la milicia". El proyecto legislativo se suma a la propuesta de reforma a
la Ley de Seguridad Interior presentada por el senador panista Roberto Gil, que
busca otorgar a los soldados un sólido marco legal para actuar contra amenazas
como el narcotráfico y la corrupción, deficiencia en la profesionalización de
los cuerpos 'civiles' de seguridad pública", añade, el columnista, incólume lector.
A estas afirmaciones de José Cárdenas, hay que agregar la
nota publicada en la Jornada el 26 de noviembre por Roberto Garduño, titulada
"Un grave retroceso, otorgar a militares más facultades en seguridad pública".
Especialistas de la UNAM y CIDE y de organizaciones civiles citados por
Garduño, señalan que ello "restaría legitimidad a las mismas fuerzas
armadas, que podrían continuar socavándose en los próximos años, durante el
foro Alternativas para una seguridad no militarizada en México en el que se
advirtió que aprobar reformas que aumenten las capacidades de las fuerzas
armadas implicaría un riesgo en materia de derechos humanos y quienes
calificaron la iniciativa de Camacho Quiroz y de Gil Zuarth como una estrategia
que en muchos sentidos parece fracasada", estratégico
lector.
Por su parte, el semanario Proceso publica en la edición 2091
de ésta semana, un reportaje especial "El control de los puertos, un"regalo" para la Semar" en el que los reporteros Patricia Dávila
y Jenaro Villamil apuntan que "Después de ocho meses de cabildeo, la
Secretaría de Marina tendrá el control de las capitanías portuarias del país.
El miércoles 23, el Senado aprobó en comisiones la iniciativa presidencial que
traspasa esa potestad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la
Armada. Los legisladores que se oponen a esa propuesta –que aún no valida el
pleno– critican la maniobra y exponen que los marinos no han controlado la
llegada y salida de drogas y contrabando; y ahora tendrán que proteger a las
naves de las corporaciones trasnacionales que arriben al país". Los
reporteros afirman en su texto que "detrás de esta aparente reorganización
administrativa por razones de seguridad, está no solo el componente militar,
sino una condición de las empresas trasnacionales que firmaron contratos con
Pemex para que las blinden contra los eventuales ataques de los grupos del
crimen organizado". Habría que agregar a la lista de esas empresas, todas
las que adquirieron cesiones parciales de derechos en casi todas las terminales
marítimas del país, que cuentan con frente de agua para sus maniobras
particulares y de servicio público, que fueron favorecidas con la privatización
del servicio portuario y cuyos capitales son en su mayoría, extranjeros. Esas
empresas son afectadas por el crimen organizado, tal y como lo documentan los
reporteros, pero también han sido cómplices de varios delitos, involucrado lector.
En la misma edición del semanario, John M. Ackerman escribe
"Golpe de Estado silencioso", refiriéndose a que "La intromisión
de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a
extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad
democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un
golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la
militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general",
y agrega: "La aprobación de esta iniciativa implicaría una transformación
radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los
soldados solamente pueden participar en asuntos de 'seguridad nacional'. Y el
artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: 'En tiempo de paz,
ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta
conexión con la disciplina militar'. Sin embargo, la propuesta del Diputado
César Camacho Quiróz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto
y el Secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los
militares para involucrarse también directamente en asuntos de 'seguridad
interna'. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general:
cualquier asunto que 'ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz
pública'. Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender
el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de
emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del 'orden'
interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma
capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se
autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los
movimientos sociales en todo el país". Ackerman no deja lugar a dudas, desengañado lector.
El articulista enfatiza en los poderes que le otorgan al Presidente
de la República: "Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto al Código
de Justicia Militar como al Código Militar de Procedimientos Penales, con el
fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se
entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios
particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje directo a
comunicaciones personales. Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y
se expandiría esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar
totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos
incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje
político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier
medio de recolección de información. Aún más preocupante es que esta nueva ley
busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29
constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de
“perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional
obliga al Presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión y
requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”. En
contraste, la nueva ley permitiría al Presidente de la República realizar de
manera unilateral una declaratoria de afectación a la seguridad interna, y para
un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la presencia castrense en
nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación
sistemática de los derechos humanos y la libertad de tránsito, de expresión y
de reunión". Con ello la "disolución social", una de las razones
del movimiento estudiantil del 68 y razón por la que muchos estudiantes y
civiles murieron el 2 de octubre de ese año, vuelve con otro nombre, traicionado lector.
Es evidente que las tres iniciativas, la presidencial de
regresar la autoridad portuaria a la SEMAR, la de Seguridad Nacional de Camacho
Quiroz y la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Interior de Gil Zuarth, tiene
evidentemente en su conjunto un tufo castrense. Entonces, las voces de alarma
levantadas en contra de la primera iniciativa por representantes de sectores de
la marina mercante mexicana mediante un desplegado publicado el 21 de
septiembre, tendría que analizarse con detenimiento pues lo que parece ser una
mala idea de trasladar solo la Autoridad Portuaria a la SEMAR, resultaría algo
más preocupante, pues se asegura que la propuesta del diputado Camacho
establece que "las acciones militares extraordinarias serían coordinadas
por el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional de la Secretaría de
Gobernación", con todo lo que eso signifique, malpensado
lector.
Pero... si parece pato, camina como pato y hace cuac, ¡es
pato! ¿Por qué lo digo? Cárdenas remata su texto así: "Las propuestas del
PRI y el PAN, respaldadas por el Presidente de la República, responden a una
insistente presión de las Fuerzas Armadas, sin embargo, van más allá, al
sepultar el deseo político y social de regresar a los soldados a los cuarteles,
mientras las autoridades civiles sean incapaces de salvaguardar el Estado de
derecho. Insisto, ¿Los priístas pretenden entregar la custodia de la plaza a
los militares, con tal de calmar el mal humor social... y evitar perder el
poder?". Y los marinos mercantes por su parte, señalan en su desplegado:
"Si lo que la iniciativa busca es 'garantizar la seguridad nacional'
resulta innecesaria, ya que la ARMADA cuenta con amplias atribuciones para
ello, como se prevé, entre múltiples ordenamientos, en la Ley de Puertos (arts.
19 BIS y 19 TER) a través del Centro Unificado para la Protección Marítima y
Portuaria (CUMAR), 'grupo de coordinación interinstitucional' entre la ARMADA y
la SCT, 'para la aplicación de las medidas de Protección Marítima y Portuaria y
la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, que determine la
Secretaría de Marina', en cuyo caso el Capitán de Puerto queda subordinado al
mando naval de cada jurisdicción donde se establezca un CUMAR. Adicionalmente,
cuenta con las Unidades Navales de Protección Marítima y Portuaria (UNAPROP)",
suspicaz lector.
¿Por qué no pasar todas las instancias encargadas de la
marina mercante en México, con todo y su presupuesto a la Secretaría de Marina?,
¿qué ven el gobierno y los legisladores afines en el futuro del país?, ¿darle
mayores facultades a las fuerzas armadas tiene algo que ver con el triunfo de Trump?,
¿vincular la seguridad nacional con la interior tiene algo que ver con las elecciones
del 2018?, ¿pretenden militarizar el comercio exterior?, ¿ésta última pregunta,
es exagerada?; ¿afectará por igual a los micro, pequeños y medianos productores
mexicanos que a las trasnacionales instaladas en nuestro país?, son las incógnitas que están en el aire, incierto lector.
Veamos. El doctor José Eusebio Salgado y Salgado nos dice: "Nunca
debió haber salido la Marina Mercante de la Secretaría de Marina, ahí se debió
haber quedado. Que un capitán de puerto debe ser un marino mercante de altura,
está escrito en las leyes desde José Antonio de Padua,
José Severiano, López de Santana y Pérez de Nerón. Después lo ratifican el
Gobierno Republicano, cuando se establece con Juan N Álvarez en el Plan de
Ayutla en su breve gobierno
como presidente de la República". Hay que anotar que Juan N. Álvarez, que
fue el último presidente nacido en el siglo XVIII y quien participó en la
defensa del país en 1847, señaló como "un grave error que los legisladores
permitiesen el libre asentamiento de los estadunidenses en Texas, pues a la
larga se producirían grandes malestares", lo cual como sabemos, sucedió al
perder más de la mitad de nuestro territorio. También el emperador Maximiliano,
continúa Salgado, "estipuló que las capitanías de puerto fungieran como
autoridad portuaria y estuvieran a cargo de los marinos mercantes. La
iniciativa propuesta por el ejecutivo federal es un error muy grande, afirma el
especialista. De por sí que los capitanes de altura egresados de las escuelas
náuticas no tienen trabajo, hoy tendrán más problemas, subraya el catedrático y
agrega: "He recomendado a muchos egresados de las escuelas náuticas
mexicanas a las marinas de Noruega y
Chilena para conseguir trabajo, específicamente a la Compañía Sudamericana de
Vapores de Chile, porque aquí no encuentran trabajo bien remunerado", frustrado lector.
Es importante destacar que de acuerdo al Artículo 16 de la Ley de Puertos,
"la autoridad en la materia de puertos radica en el Ejecutivo Federal,
quién la ejercerá por conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las
atribuciones de otras dependencias de la Administración Pública Federal
corresponderán: 1. Formular y conducir las políticas y programas para el
desarrollo del sistema portuario nacional; 2. Promover la participación de los
sectores social y privado, así como de los gobiernos estatales y municipales,
en la explotación de puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias; 3.
Autorizar para navegación de altura terminales de uso particular y marinas,
cuando no se encuentren dentro de un puerto; 4. Otorgar las concesiones,
permisos y autorizaciones a que se refiere esta ley, así como verificar su
cumplimiento y resolver sobre su modificación, renovación o revocación; 5. Determinar las áreas e instalaciones de
uso público; 6. Construir, establecer, administrar, operar y explotar obras y
bienes en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, así como
prestar los servicios portuarios que no hayan sido objeto de concesión o
permiso, cuando así lo requiera el interés público; 7. Autorizar las obras
marítimas y el dragado con observancia de las normas aplicables en materia
ecológica; 8. Establecer, en su caso, las bases de regulación tarifaria; 9.
Expedir las normas oficiales mexicanas en materia portuaria, así como verificar
y certificar su cumplimiento; 10. Aplicar las sanciones establecidas en esta
ley y sus reglamentos; 11. Representar al país ante organismos internacionales
e intervenir en las negociaciones de tratados y convenios internacionales en
materia de puertos, en coordinación con las dependencias competentes; 12.
Integrar las estadísticas portuarias y llevar el catastro de las obras e
instalaciones portuarias; 13. Interpretar la presente ley en el ámbito
administrativo, y 14. Ejercer las demás atribuciones que expresamente le fijen
las leyes y reglamentos. El Artículo 17
de la mencionada ley, señala que En cada puerto habilitado existirá una
capitanía de puerto, encargada de ejercer la autoridad marítima, a la que
corresponderá: 1. Autorizar los arribos y despachos de las embarcaciones; 2.
Vigilar que la navegación, atraque, permanencia de embarcaciones y los
servicios de pilotaje y remolque en los puertos, se realicen en condiciones de
seguridad; 3. Supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de
seguridad, profundidad, señalamiento marítimo y de ayudas a la navegación; 4.
Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes
de embarcaciones y en los recintos portuarios; 5. Actuar como auxiliar del
ministerio público, y 6. Las demás que las leyes y los reglamentos le
confieran. Las capitanías de puerto contarán con los elementos de vigilancia e
inspección que se determinen. Finalmente, el Artículo 18 de la misma ley señala: La Armada de México, así como
las corporaciones federales, estatales y municipales de policía, auxiliarán en
la conservación del orden y seguridad del recinto portuario, a solicitud de la
capitanía del mismo, modificado
lector.
Para ejercer la Autoridad Portuaria, continua Salgado,
"se requiere de mucha disciplina, y los marinos mercantes la tienen. Tal
parece que el gobierno quiere establecer una disciplina más férrea en el puerto
y eso es bueno. Pero no por eso los puertos mercantes deben ser manejados por
marinos de guerra, mercante es comercio y esa figura nada tiene que ver con lo
militar. Lamentablemente, la marina mercante en manos de la SCT ha dejado mucho
que desear. La autoridad se ha relajado a grado tal que cuando trabajaba como
representante de los consignatarios de buques en Veracruz, me sucedió que quise
subir a un barco pues el capitán quería hablar con alguien de la empresa, pero me dijeron: Usted no puede subir hasta que
no se establezca la libre plática. ¿Quiénes cree usted que ya habían subido
antes? ¡las prostitutas!¡Vaya,
le dije, ellas son más importantes que nosotros!. Entonces me dijo una
autoridad, ¿qué usted no tiene necesidades humanas?", necesitado
lector.
"En otra
ocasión, recuerdo muy bien en una práctica que realicé con mis alumnos en
Tampico, un barco de guerra mexicano se fue siguiendo una mancha de petróleo
que iba dejando un barco, lo alcanzó y lo detuvo, porque iba contaminando
nuestros mares. Lo regresó al puerto y el capitán de puerto le dijo al capitán
del buque: 'no sales de aquí hasta que no arregles ese defecto'. Otra ocasión
también en Tampico, llegaron unos funcionarios de no sé qué secretaría eran,
para robarse los vinos de la bodega, y por otro lado llegaron los vigilantes
del Gremio Unido de Alijadores de Tampico (GUAT), de don Gerardo Gómez, para
evitar que se las robaran. Ellos tenían fama de ser muy honrados y si no los
detenían, culparían a los trabajadores. Yo iba con mis alumnos caminando por el
muelle, cuando quedamos en medio de los dos grupos. Mis alumnas muy espantadas
me dicen, ¿qué hacemos maestro? les dije, no se muevan, porque si nos movemos,
nos disparan. Y ya viéndose descubiertos los ladrones, dejaron lo robado y se
salieron. Los Alijadores nos dieron las gracias", finaliza Salgado. El
GUAT era ejemplar como responsable de los servicios a la carga y a los buques;
había logrado colocar al puerto de Tampico como uno de los más eficientes y
seguros, de acuerdo con la aseguradora Lloyd's de Londres. Su estructura
cooperativa daba muy buenos resultados en rendimientos de toneladas manejadas
por hora, con casi cero pérdidas de mercancía por maltrato o robo, alijado lector.
Por su parte, el capitán Joaquín Dorantes afirma que
"militarizar" es una palabra dramática y nos dice: "Lo que está
oficialmente propuesto por el ejecutivo es por razones de seguridad nacional,
temas que yo no debatiría, eso es asunto de ellos. Y si creo que hay algunos
descontroles en capitanías, por ejemplo, revisar la propiedad de un barco que
está siendo utilizado para mover droga, luego no saben quién es el dueño, las
capitanías debieran de saberlo bien. Creo que finalmente se cansaron de eso,
por lo que quieren tener a las capitanías bajo su control, no para 'militarizarlas';
usando esa palabra "dramática" hace pensar en botas y metralletas en
las capitanías de puerto. Quieren tener acceso a los archivos, porque me
imagino que en las averiguaciones las capitanías se han de resistir en lo
posible a suministrar información, y más aquí en donde los marinos mercantes
tontamente tenemos un rechazo ya permanente hacia los militares navales,
tontamente digo, porque estuvimos con ellos hace 40 años, que fue nuestra mejor
época. Lo malo ha venido a estar con la SCT", dramático
lector.
Nosotros tenemos otra propuesta que la llamamos de
coyuntura, agrega Dorantes. "Y la coyuntura consiste en que aprovechando
que ya hay la propuesta esa metida al Senado, proponemos es que se lleven todo
de plano a la SEMAR, a una misma estructura administrativa federal. porque la
parte terrestre de México, es más pequeña que la parte marítima del país. Sin
embargo hay alrededor de 20 secretarías de estado para administrar la parte
seca y no hay una sola para el mar. La secretaría que existe, Marina, es exclusivamente
para la Armada de México, pero todo el sector marítimo comercial civil está, en
la SCT, en la SEMARNAT, y la industria naval por ejemplo, tan importante,
depende del director general de marina mercante, que si le preguntas qué es un
astillero no te va a contestar. Ciertamente si han cometido pecado las
capitanías. He externado a la SEMAR que si tienen pruebas que las saquen sobre
la mesa, que yo creo que si las hay, pero se portan decentes y que no quieren
presionar. Tengo un antecedente del 2010, que estuvo la prensa. Un barco que parece
se llamaba "Polar", le encontraron droga, luego, que el nombre no era
Polar y que era o no era del dueño, era un relajo de esos que atañan a la
capitanía, porque son las que registran las embarcaciones. Se hizo ese lío y
posteriormente cayeron a la capitanía, desalojaron a todos, encarcelaron a un
capitán de puerto y lo consignaron. Esto fue en el puerto de Mazatlán",
nos cuenta Dorantes, apañado lector.
"La inspección naval es muy delicada porque si detienes
un barco, tu sabes lo que cuesta un barco, te puedes imaginar qué va a pasar,
sabes que se te va a echar encima el dueño porque le paraste el barco. Entonces
debes tener mucho conocimiento de lo que haces y pruebas de las deficiencias
del barco para detenerlo. Simplemente los inspectores ni se atreven y aceptan
cualquier cosa para dejarlo ir. Este tipo de corrupciones en la función naval
suceden desde siempre. Nosotros calculamos que un inspector naval deberían ganar
unos 70 mil pesos mínimo libres al mes, y ¡les pagan 17 mil!. Con el dinero que
se mueve en el mundo naviero, fácilmente callan a un inspector: con una botella
de coñac y 500 pesos ya se ahorraron 10 mil dólares que vale al día una
embarcación detenida en el muelle, corrompido
lector.
La pesca es otro ejemplo, agrega Dorantes. "Es un tema
muy delicado, funciona muy mal, tiene carencias, inspectores pero casi todos
corruptos e insuficientes, no tiene embarcaciones. La pesca necesita mucha
vigilancia marítima por aquello de las vedas, necesita más seriedad, no
corromperse, como hacen actualmente muchos inspectores. Hay mucho quehacer ahí,
y nuestra propuesta la incluye, desde luego. Nosotros creemos que es primordial
se formule, extienda y se adopte una política marítima de estado. También la
creación de una secretaría del mar, que se ha propuesto desde hace mucho, antes
de que la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos la pasaran a la SCT. Una política
marítima de Estado en donde México declara su interés por sus mares, dará lugar
a que se formulen otras políticas públicas, una para la pesca, otra para la
cuestión naval, otra para puertos marítimos, lo que sea necesario. Ahora, llega
al legislador y tiene que aprobar presupuestos, y yo le doy toda la razón al
legislador ¿cómo te voy a aprobar dinero para algo que no existe y no me
interesa, que es el mar?", pescado lector.
Ya las notas periodísticas aquí referidas dan cuenta de más
anomalías que afectan las maniobras de carga y descarga en los puertos
marítimos de altura en el país y por ende, frenan el comercio exterior de
nuestro país. Pero hay que señalar que los más perjudicados son los productores
nacionales que al disminuir la eficiencia con la que se manejan sus cargas en
las terminales marítimas, se incrementan el costo de almacenaje, maniobras,
estiba y desestiba, consolidación y desconsolidación de las mercancías, todo
por falta de una política marítima de Estado. Raro es que los grandes usuarios
de los puertos, así como los que cuentan con las cesiones parciales de derechos,
esto es por ejemplo en el puerto de Veracruz, ICAVE, Cargill de México,
Talleres Navales del Golfo, Corporación Integral de Comercio Exterior, Terminal
Marítima de Veracruz, SSA de México, Servicios Especiales Portuarios,
Corporación Portuaria de Veracruz, Reparación Integral de Contenedores, Vopak
de México y nueve empresas más, no han dicho ni pio. Tampoco se han manifestado
abiertamente los agentes aduanales y los consignatarios de buques. ¿Qué viene
para la ya de por si mermada micro, pequeña y mediana empresa que proporciona
más del 75% de empleos del sector productivo del país? El incremento de la
apertura comercial y económica con la aprobación del TTP, la desatinada medida
en los puertos y el aumento de la capacidad represora de las fuerzas armadas
dañará a más empresas que se verán obligadas a despedir obreros, o en el peor
de los casos, a cerrar definitivamente. Será mucho más difícil emigrar al vecino
país del norte para los que aún tienen dignidad y quieren trabajar
honradamente. Y entonces, ni empresarios ni trabajadores podrán protestar, acorralado lector.
Hasta la próxima, con más del Concepto Integral del Comercio
Exterior.
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