La Paz, Baja California, México, 31 de octubre del 2012.- Pese a los retos relacionados con las amenazas
del crimen organizado a la industria marítimo-portuaria, México carece de un
marco jurídico que permita dar vigencia conforme a derecho, al Código para la
Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP, pos sus siglas en
inglés), que obligue a implementar sistemas de seguridad a los agentes económicos
de los recintos marítimos.
El capitán de altura
Miguel Ángel Osuna, dirigente de la Red PBIP-México internacional, sostuvo que
pese a que dicho Código tiene categoría de Tratado Internacional plenamente
aprobado por los poderes de la República, no se ha consolidado una Ley Nacional
que permita sancionar posibles actos criminales en los puertos o contra las
embarcaciones que naveguen en aguas o escalen puertos nacionales.
Durante el 6º Foro
Internacional sobre Seguridad y Protección Marítimo Portuaria de la Red
PBIP-México Internacional, el capitán Osuna dijo que las autoridades portuarias
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) operan con instrumentos
administrativos para regular la seguridad de los puertos, terminales, navieras
y de los agentes económicos que intervienen en los recintos, pero no existe un
instrumento jurídico que obligue a cumplir o bien, permita sancionar las
violaciones a las reglas de seguridad.
“Hoy por hoy, si una
naviera o terminal se negara a cumplir los indicadores técnicos de la seguridad
en los puertos, no existiría un instrumento legal para sancionar ese
incumplimiento”, agregó Osuna al argumentar que el país enfrenta un rezago
preocupante en esa materia.
En 2002, el Poder
Ejecutivo dejó sin publicar un Reglamento a la Ley de Navegación y Comercio
Marítimos que fue sustituido por otro en 2006 y que tampoco ha sido publicado,
pese a las lagunas que existen en todos los órdenes de las actividades
marítimas y a la navegación en el país.
Ante más de 250 oficiales
de protección de Latinoamérica y autoridades marítimas de varios países, Osuna
reconoció sin embargo los esfuerzos de la autoridad portuaria en México y en lo
particular, de la Dirección de Marina Mercante de la SCT, para establecer
sistemas y dotar de tecnología a los recintos portuarios, aún con la ausencia
de un marco jurídico que lo dictamine.
No obstante, enfatizó, ni
éste Código PBIP ni las reglas de seguridad aparecen en el ámbito de las
responsabilidades de las autoridades de la Marina Mercante mexicana, por ello
es indispensable que se apruebe un reglamento para que los puertos nacionales
no queden en la indefensión jurídica.
En este sentido, el
Vicepresidente de la Organización Internacional de los Pilotos de Puerto con
sede en EU, Juan Ricardo Casas, recordó que éste panorama de seguridad
portuaria se originó como efecto de los actos terroristas del 11 de septiembre
del 2001 que acabaron con las Torres Gemelas del WTC en Nueva York, EU, y por
ello es indispensable la coordinación de las autoridades de todos los niveles.
Casa, quien además es
representante de los pilotos de Corpus Christi, Texas, explicó que en los
Estados Unidos, ahora se busca una estrecha comunicación con la Guardia Costera
para prevenir actos criminales y buscar parámetros únicos de seguridad.
En su oportunidad, el
Director Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
(COCATRAM) Otto Noack, habló de la necesidad de optimizar los recursos para la
protección de los puertos porque a este rubro se destinan cientos de miles de
dólares anuales que podrían utilizarse en los países de la región en educación,
salud o destinarse a programas sociales.
Fuente: Info Transportes