Contrabando ilegal de telas, lavado de dinero, falsificación de documentos
y evasión fiscal, entre los delitos cometidos por una red criminal que opera en
México y en Estados Unidos. En el país vecino ya fueron condenados dos
empresarios por estos hechos, pero aquí el gobierno de Felipe Calderón no sólo
se ha mostrado lento, sino omiso en las pesquisas. Al menos 243 cargamentos
provenientes de Indonesia y Shangái habrían servido para enriquecer a unas
cuantas familias.
Claudia Villegas
México, DF, 28 de octubre del 2012.- A pesar de la colaboración del gobierno de Estados Unidos, que ya condenó
a dos empresarios confesos y cómplices del contrabando técnico de textiles
hacia México, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
la Procuraduría General de la República (PGR) han sido incapaces de juzgar a
una red criminal que habría lavado dinero y se beneficiaría del ingreso de
mercancías asiáticas defraudando al fisco.
Con la emisión de
facturas y certificados de origen falsos, empresarios estadunidenses
participaron entre 2005 y 2009 en una red de corrupción que permitió evadir el
pago de aranceles y el ingreso al territorio mexicano de al menos 243
cargamentos de textiles provenientes de Indonesia y Shangái.
Una investigación del
Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), demuestra desde 2009 que en
México cuantiosas y frecuentes importaciones de textiles asiáticas fueron
ordenadas por empresas fachada que ocultaban la identidad de sus accionistas.
Hasta ahora, sin embargo,
el gobierno mexicano ha sido incapaz de proporcionar información sobre el daño
económico que provocó al fisco este fraude y contrabando técnico. Tampoco ha
citado a declarar a los involucrados a pesar de que autoridades estadunidenses
los tienen plenamente identificados.
La PGR, a través del
titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos
Federales, Irving Barrios Mójica, acepta que “el monto debe ser considerable
porque las operaciones ilícitas se estuvieron realizando durante mucho tiempo”.
Aunque la investigación
se inició formalmente en 2010, fue hasta 2011 cuando se abrió la averiguación
previa UEIDFF/ FISM08/185/2011 en México, por los delitos de fraude fiscal y
contrabando de productos textiles procedentes de varios países asiáticos, en
donde se adquiría la mercancía para luego ser introducida a territorio mexicano
por la frontera con Estados Unidos. En ese expediente, cuyas copias tiene
Contralínea, se establece que empresas estadunidenses les otorgaban facturas y
certificados de origen amparados en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), con el fin de engañar al gobierno mexicano y avalar que dichas
mercancías se producían en Estados Unidos y por eso entraban exentas de
impuestos.
Con base en el acuerdo
firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre Asistencia Mutua
entre las Administraciones de Aduanas y en apego al Plan Estratégico Bilateral
del 13 de agosto de 2007, la Administración Central de Investigación Aduanera
mexicana solicitó el 9 de febrero de 2010, mediante el oficio
800-05-00-00-00-2010-0609, el apoyo de las autoridades de Aduanas de Estados
Unidos para verificar la existencia de las compañías estadunidenses NY Aynilian
& Co, Inc, y Lulú Fashions, Inc, ambas con domicilio en Nueva York, así
como para validar la autenticidad de facturas comerciales y certificados de origen
expedidos por dichas empresas a favor de la compañía mexicana Comercializadora
Luna Blue, SA de CV. Los avances, sin embargo, son nulos.
Así, a unas semanas de
concluir el gobierno de Felipe Calderón, la PGR reconoce que el caso de
contrabando de textiles y corrupción, que en Estados Unidos se investiga desde
2009, en México será heredado al próximo gobierno sin haber sido investigado
adecuadamente.
“Esperamos que el próximo
gobierno lo continúe porque es un asunto relevante que involucra miles de millones
[de pesos] desde hace más de 10 años, y nos preocupa mucho”, asegura el
subprocurador Barrios.
Pero en Estados Unidos,
gracias al cruce de transferencias electrónicas a través de los circuitos del
Valley National Bank en Wayne, Nueva Jersey, los investigadores del ICE
pudieron confirmar la participación de al menos 20 mexicanos, a quienes los
documentos oficiales y las declaraciones de los empresarios estadunidenses
acusados ubican como parte de la “comunidad judía” y que habrían sido cómplices
de esta red de corrupción.
Empresarios de la
comunidad judía, según el ICE, habrían pagado por la emisión de certificados de
origen que avalaron la importación de textiles estadunidenses y les permitió
recibir en territorio mexicano los cargamentos de productos asiáticos pero
declarados estadunidenses, con lo que recibieron ilegalmente el trato
arancelario preferencial que marca el TLCAN. En México, ninguno de ellos ha
sido investigado por las autoridades de la PGR, la Secretaría de Hacienda o
Aduanas.
Para empezar, los
empresarios involucrados habrían incurrido en un delito tipificado como
“contrabando por subvaluación”.
Los documentos falsos,
emitidos por las empresa NY Aynilian & Co, Inc, con sede en Nueva Jersey,
eran aceptados en las aduanas mexicanas, en donde, de acuerdo con expertos en
comercio internacional, las autoridades mexicanas tenían la obligación de
verificar la autenticidad de los certificados.
Hasta ahora, a pesar de
que en Estados Unidos la investigación llevó a la identificación de los
empresarios presuntamente involucrados (expediente que ya fue entregado al
gobierno mexicano), las autoridades mexicanas han sido incapaces de concluir la
averiguación previa y consignarla ante un juez federal que lleve ante la
justicia a unas 15 empresas y sus dueños por los delitos de fraude, evasión
fiscal, contrabando, soborno y los que resulten.
En la lista de
empresarios mexicanos que son investigados por Estados Unidos y cuyos nombres
aparecen en documentos oficiales del ICE figuran José Husni Micha; Salomón
Cojab Fallena; David Cojab Cohen, quien estaría involucrado en otro caso de
contrabando de textiles; Moisés y Jaime Betch, dueños de Forromex; Noel Venado;
Manolo Lua, dueño de Textiles Lua; Jack Casaab Attie, dueño de la empresa Casti
y Casbo; Charlie Kim, dueño de Cini de México; Jorje Kim, de Kim Textiles y
Grupo Cyprus; Mauricio y Eduardo Atri; Scion Shamosh, copropietario de Loubeck;
Simón Shamosh, copropietario de Loubeck; Ronald Joseph Akiki Beirut; César y
Ulises Sánchez, y Mauricio Niño Mora.
El titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Barrios
Mójica, confirma que, a pesar de que en Estados Unidos la investigación se
inició hace varios años, en México es apenas hace ocho meses cuando comenzó la
colaboración con las autoridades del ICE.
En México, agrega Barrios
Mójica, la investigación está viva. Las autoridades de la PGR dicen que están
armando el expediente a partir de la información que proporciona la Secretaría
de Hacienda pero sobre todo el gobierno de Estados Unidos.
A pesar de que el
Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró culpables de falsificación
y contrabando a los empresarios Vahram Aynilian y a Fred Lukach, en México la
PGR asegura que “ignora en qué momento se encuentra la investigación”.
En México la información
sobre el caso fluye a cuentagotas. El subprocurador de Delitos Federales
asegura que, por procedimiento, no se comparte toda la información hasta que se
procede en contra de los responsables, con lo que se evita que, “desde México,
algunos abogados ya cuenten con información para usar en los juicios [que se
desahogan] allá”.
No obstante, la PGR
también acepta que, hasta ahora, no se ha llamado a declarar a ninguno de los
presuntos involucrados en el fraude y contrabando de textiles asiáticos, a
pesar de que también podría configurarse el delito de lavado de dinero. Las
autoridades esperan integrar todos los expedientes y confirmar que son
responsables para generar, entonces sí, medidas cautelares de arraigo.
“Cuando en Estados Unidos
procesen al responsable allá de estas operaciones vamos a ver si podemos
interrogarlo. Porque los empresarios judíos no son los que directamente
operaron esto, eso lo hizo quien está en Estados Unidos”, dice el funcionario
de la PGR.
Sin embargo, desde el 3
de diciembre de 2009, en Estados Unidos, el Departamento de Justicia dio a
conocer que Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron declarados culpables de
falsificar certificados de origen, facturas y de esquemas ilegales de
exportación.
Para su defensa, Vahram
Aynilian contrató al despacho de Cathy Flemming, abogada que defendió al
exsubprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu, hasta que éste se
“suicidó” en territorio estadunidense, cuando enfrentaba un juicio por
acusaciones de lavar dinero para cárteles del narcotráfico en México.
Los agentes del ICE
acordaron con la prestigiada abogada una reunión con el empresario acusado de
contrabando de textiles para verificar la autenticidad de las facturas y certificados
de origen que tenían de membrete la firma de su empresa NY Aynilian & Co,
Inc. El primer encuentro se realizó en Nueva York el 5 de mayo de 2010, en
donde el empresario Aynilian reconoció que dichos documentos no eran
auténticos, pero aseguró que no habían sido emitidos por él ni por su compañía,
y que la firma en el certificado de origen era falsa.
Sin embargo, el 14 de
junio de 2010, el agregado del ICE de la Embajada de Estados Unidos en México,
Jere Miles, le envió otro escrito –FRAU:1088:MX08UR 08LD0037:bs– al
administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher
Melgar, en donde le informa que Vahram N Aynilian finalmente había declarado
tener una sociedad con el ciudadano estadunidense Fred Lukach, quien en
múltiples ocasiones le pagó, “en representación de terceras personas en
México”, 1 mil dólares a cambio del consentimiento de Aynilian para que
empresarios mexicanos produjeran fraudulentamente un juego de factura y
certificado de origen TLCAN con el membrete de NY Aynilian & Co, como
emisor de los mismos y ser utilizados en el contrabando de telas hacia México.
Fue así como Vahram
Aynilian y Fred Lukach llegaron a un acuerdo con el fiscal del Departamento de
Justicia de Estados Unidos a fin de declararse culpables de cometer actividades
ilícitas. También habrían proporcionado información sobre sus “clientes”
mexicanos que hoy forma parte de la investigación que sigue abierta en los
tribunales estadunidenses.
El 8 de julio de 2010,
Vahram Aynilian y Fred Lukach fueron sentenciados, en cada caso, a tres años de
libertad supervisada y a pagar multas por 5 mil dólares. Adicionalmente,
Aynilian entregó un cheque certificado por la cantidad de 199 mil 201 dólares
como parte de su acuerdo de culpabilidad, cantidad que fue embargada como
ganancia ilícita. Quien emite un certificado de origen para exportación es
responsable, según las autoridades de Estados Unidos.
El expediente del ICE,
así como información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, revela que
Aynilian recibió al menos 199 mil 201 dólares por la emisión de certificados de
origen falsos que acreditaban los textiles exportados a México como productos
manufacturados en la zona del TLCAN.
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Vahram y Name, cómplices
Graduado en la
Universidad de Nueva York, en el Instituto de la Moda de esa ciudad, el
estadunidense Vahram Aynlian fundó la empresa NY Aynilian & Co, Inc,
dedicada a la compra y venta de textiles sin incluir la manufactura ni
producción de telas.
Ante agentes especiales
del ICE, Aynilian declaró que fue en 1996 cuando conoció al empresario mexicano
Anuar Name, con participación en el sector textil, exsocio de Isaac Saba y
presidente del grupo Name.
Name Yapur, a quien el
empresario estadunidense identificó como “comprador de textiles para México”,
le presentó a su sobrino Juan Name Name, quien en 1998 le propuso utilizar su
compañía para producir facturas y certificados de origen falsos para
aprovechar, en el marco del TLCAN, las preferencias arancelarias para la
exportación de telas a México.
Aynilian aceptó –de
acuerdo con su confesión ante agentes del ICE– y comenzó la emisión de facturas
y certificados que fueron utilizados para introducir textiles de Estados Unidos
a México sin declarar ante las aduanas mexicanas su verdadero origen asiático.
De esta forma, Name Name,
quien operaba en Laredo, Texas, un negocio de almacenaje y reenvío de textiles
a México, introdujo al empresario estadunidense en un círculo de falsificación
de documentos que durante cinco años les habrían permitido evadir el pago de
los impuestos correspondientes. Aynilian no sólo se involucró en la emisión de
documentos falsos; también amplió su participación a la logística que permitió
llevar los textiles asiáticos a México.
El sobrino del empresario
textilero Name Yapur le presentó a otro empresario estadunidense: Fred Lukach,
quien se dedicaba, a través de la empresa DR Logisticsk, a dar servicios de
almacenaje y fletes en Laredo.
Juan Name le dijo a
Vahram Aynilian que Lukach fungiría como intermediario en la logística de la
elaboración y pago de los documentos fraudulentos. Con la participación de
Lukach, Name evitaba aparecer en los registros bancarios porque era este
empresario estadunidense quien enviaba a Aynilian las transferencias electrónicas
que cubrían el pago por los certificados falsos. A los investigadores del ICE,
Aynilian les explicó que por cada juego de factura y certificado de origen
falso, el mexicano pagaba 1 mil dólares.
Además de Lukach, en la
triangulación de los pagos, el expediente del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas señala al mexicano Jesús Eduardo Magnuson Salinas, transportista con
operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de quien una Corte de Distrito del
Sur de Texas reporta como presunto involucrado en un caso de narcotráfico de al
menos 50 kilogramos de mariguana. Magnuson impugnó la acusación ante el Poder
Judicial de Estados Unidos.
Sobre el mexicano Jesús
Eduardo Magnuson, en Laredo, Texas, agentes especiales del ICE reportaron haber
encontrado información sobre la estrategia del transportista para lograr el
ingreso de los textiles al territorio mexicano.
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Jesús Eduardo Magnuso,
reporta un documento del ICE con fecha 5 de mayo de 2009, le pagaba a la
organización criminal Los Zetas para que permitiera el cruce de los embarques a
México sin ser secuestrados o robados.
Jesús Eduardo Magnuson, a
quien se le identificó con una cuenta bancaria en HSBC México, depositaba el
dinero en una cuenta bancaria y un miembro de Los Zetas le daba la autorización
para introducir los embarques de textiles a México.
Además del supuesto pago
a Los Zetas para lograr inmunidad, Magnuson también enviaba pagos a la compañía
NY Aynilian por la compra de documentos fraudulentos, y a veces escoltaba los
embarques de textiles a la Ciudad de México.
Los agentes especiales
del ICE en Laredo, Texas, notificaron un requerimiento de información ante el
Valley National Bank de Nueva York a fin de que proporcionara información sobre
las transferencias electrónicas recibidas de 2007 a 2008 en la cuenta 41114841,
que se abrió en dicho banco a nombre de Vahram Aynilian.
Derivado de lo anterior,
el Valley National Bank de Nueva York proporcionó a los agentes especiales del
ICE en Laredo, Texas, un listado sobre transferencias enviadas a la referida
cuenta por diversas personas y compañías, entre las cuales se encuentra Jesús
Eduardo Magnuson Salinas quien realizaba pagos a nombre de terceros
involucrados.
Entre las empresas y
personas que realizaron transferencias electrónicas se encuentran Platino World
Limitied, SA de CV; Silvia Patricia Martínez Mancilla; Citiex Fabric;
Comercializadora e Importadora Alba; Gerónimo Guevara Rodríguez; Alie Camara
DBA PAPA; Dreamwell Collection; Adverting Creations; Paul W Huick; Deona E
Magnuson Salinas; Artemide, Inc; Oscar García; Elloise International
Corporation; Ward and Co, Ltd; Texport, Inc; María Antonia del Rivero Díaz;
Salomon James; Abdou S Marong; CID Ribeiro; Proyecciones de Marca, SA de CV;
Cotswold Industries, Inc; Libre Mercantil Mexicana, SA de CV, y Altex.
Vahram Aynilian siempre
cobraba 1 mil dólares estadunidenses por cada juego de documentos fraudulentos,
con lo que manifestaba que la mercancía (que nunca había visto y que, sabía,
venía de otro país) había sido manufacturada en Estados Unidos.
Ante las autoridades
estadunidenses, Lukach declaró que “el dinero utilizado para comprar los
documentos fraudulentos a Vahram Aynilian usualmente era enviado directamente
por los clientes judíos a la cuenta bancaria de Jesús Eduardo Magnuson Salinas
y luego transferido electrónicamente a la cuenta bancaria de Vahram Aynilian en
Nueva Jersey.
El documento del ICE,
firmado por su agregado, Jere Miles, no precisa si la cuenta de Magnuson era la
misma que tenía registrada en HSBC.
Así, en Estados Unidos el
proceso sigue y se encuentra a cargo del fiscal Roel Canales, en el Distrito de
Texas, División de Laredo. En México, tienen conocimiento de este hecho de
corrupción –que sigue impune después de 10 años– el secretario de Hacienda,
José Antonio Meade Kuribreña; el jefe del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; la procuradora General de la República,
Marisela Morales; el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Irving
Barrios Mójica; el administrador General de Aduanas, Gerardo Perdomo
Sanciprián; el administrador General de Auditoría Fiscal Federal, Alberto Real
Benítez, y el administrador Central de Programas Especiales de la Administración
Federal del SAT.
Las pruebas del
contrabando
En un escrito con clave
FRAU:1081:MX 08UR08LD0037:bs, y fecha del 4 de junio de 2010, el agregado del
ICE en la Embajada de Estados Unidos en México, Jere Miles, le informa al
administrador central de Investigación Aduanera de México, Alfredo Fisher
Melgar:
“Investigadores del ICE
adscritos a esta Agregaduría realizaron diversas búsquedas en las bases de
datos comerciales a las que tiene acceso esta agencia respecto a la compañía
estadunidense NY Aynilian & Co, Inc, y su propietario y presidente Vahram N
Aynilian. Su domicilio se ubica en 381 Broadway St Westwoood, Nueva Jersey
07065.”
La segunda empresa es
Lulú Fashions, Inc, con domicilio en 400 Broadway, Nueva York 10013, y su
presidente es Vahram Aynilian.?Los agentes especiales del ICE asignados al
Grupo de Fraude Comercial en Laredo, Texas, ya habían realizado investigaciones
sobre supuestas actividades ilegales relacionadas con el empresario.
Un documento de la Cámara
de Diputados reconoce que al investigar el contrabando técnico –como sucedió en
el caso del grupo español Inditex, operador de las tiendas Zara– la
falsificación de los certificados de origen es difícil de comprobar ya que es
necesario hacer la indagatoria en el país exportador y en la mayoría de los
casos no se cuenta con el apoyo de los países exportadores para hacer las
investigaciones necesarias, sino que, por el contrario, protegen a sus
productores.
Además, según la
Administración General de Aduanas, no cuentan con la autoridad suficiente para
hacer estas indagatorias en el exterior. El caso de la colusión entre supuestos
empresarios de origen judío –tradicionalmente ligados al sector textil– es
diferente porque las autoridades estadunidenses no defienden a los empresarios
estadunidenses vinculados en el caso, pues no se trata de fabricantes sino de
comercializadores. El camino estaba libre para que el gobierno de Felipe
Calderón aplicara la justicia en este caso. Sin embargo, no fue así.
En México, además, la
investigación tendría que ampliarse a los compradores de esos textiles
asiáticos. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de
Diputados asegura que “el contrabando técnico es una práctica en que incurren
incluso las grandes tiendas de prestigio, evadiendo los pagos arancelarios y
los impuestos”. Según la Administración General de Aduanas, las investigaciones
por contrabando técnico se extenderían a 3 mil casos en donde se indagó la
participación de tiendas de prestigio.
Fuente: Voltaire net