Si con la aprobación de la Ley Lleras 2.0
el país mostró su eficiencia en la implementación del TLC aprobándola en sólo
20 días y sin debate, sorpréndanse: en Panamá, su equivalente sólo necesitó
tres días y está para sanción presidencial.
El istmo acaba de “discutir” la reforma al
derecho de autor promovida por el TLC con EE.UU. y, buscando mecanismos más
eficientes de protección para titulares, da facultades de investigación y
sanción a la autoridad nacional de derecho de autor para suspender rápidamente
contenidos (comunicación pública, es decir, por internet) e imponer multas de
hasta 100 mil dólares a presuntos infractores.
Vale anotar que aunque incluye buenas
disposiciones como excepción de préstamo para bibliotecas, ya se le califica
como “la peor” precisamente por ese procedimiento administrativo que, además,
establece que lo recaudado no va a los “perjudicados” sino a la propia
autoridad e, incluso, da incentivos al funcionario sancionador, quien puede
recibir por este concepto hasta la mitad de su salario.
Estos hechos, sumados a otras
inconsistencias de la transferencia a la ley nacional de normas defensivas que
exporta el TLC, sin tomar en cuenta los equilibrios de las regulaciones
internas del par comercial, tiene en la mirilla al presidente, pues se espera
que busque una salida para no firmarla como pasó acá con la reforma judicial no
hace mucho.
Fuente: El Espectador Panamá