Empresas, sindicatos y Puertos del Estado viajarán a Bruselas en noviembre
para conocer los límites del derecho de la UE y aplicar cambios a la Ley, si
son necesarios
Algeciras, España, 24 de octubre del 2012.- Empresarios, sindicatos y el Organismo Público
Puertos del Estado decidieron ayer crear una comisión para ir a Bruselas para
recabar información sobre el dictamen motivado que la Comisión Europea ha
interpuesto a España por el modelo de contratación que imprime la Ley de
Puertos y la obligación de participar en las Sociedades de Gestión de
Estibadores Portuarios (SAGEP) para la provisión de trabajadores.
La sede de Puertos del
Estado en Madrid albergó la reunión que mantuvieron los sindicatos del sector
-Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios, UGT y CCOO-, la Asociación
Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y Puertos.
En dicho encuentro, decidieron que durante el mes de noviembre viajarán a
Bruselas a recabar información y actuar en consecuencia a su vuelta, y
modificar en lo que haga falta la Ley de Puertos, si es que hace falta.
Fuentes consultadas por
este diario indicaron que las palabras "consenso" y
"transparencia" fueron las más oídas durante el tiempo que duró el
encuentro, en el que no llegó a discutirse nada a fondo, a la espera de la
información que se recabe.
La opción de esperar al
Tribunal de la Unión Europea (UE) quedó así descartada, ante el riesgo de que
su fallo anule los artículos que considere contrarios al derecho de comunitario
y el sector de la estiba se encuentre con un vacío legal.
La Comisión Europea (CE)
dio a finales de septiembre un ultimátum a España para que liberalice el sector
de la estiba mediante la fórmula de un dictamen motivado, la segunda etapa del
proceso de infracción. En un comunicado, la CE denunciaba la obligación de las
empresas estibadoras que operan en varios puertos a participar financieramente
en el capital de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios
(SAGEP) que gestionan la provisión de trabajadores, impidiéndoles recurrir al
mercado para contratar a su personal, a menos que la mano de obra propuesta por
tal empresa privada sea inadecuada o insuficiente.
Además, en la misma
información se daba un plazo de dos meses para que España garantice el pleno
cumplimiento del Derecho de la UE. Si no, podría someter el asunto al Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Sindicatos, empresas y Administración formarán
un frente común para informarse sobre los cambios necesarios.
Fuente: Europa Sur