Madrid, España,
16 de octubre del 2012.- La defensa de Apostolos
Mangouras pide la suspensión del proceso judicial y el sobreseimiento de la
causa
El proceso, que tiene una duración prevista
de ocho meses, se inicia cuando está a punto de cumplirse una década de la
catástrofe mediambiental
El capitán del Prestige responsabiliza a
las autoridades españolas del naufragio
La catástrofe
El 13 de noviembre de 2002, el barco
'Prestige' que se encontraba navegando con una carga de unas 77.000 toneladas
de fuel a 28 millas de Fisterre, registraba una vía de agua. Dos helicópteros
lograron evacuar a 24 de sus 27 tripulantes, permaneciendo a bordo el capitán
del barco, el primer oficial y el jefe de máquinas. Seis días después, el
buque, tras intentar alejarlo de la costa, se partía en dos y se hundía a unas
133 millas náuticas de Fisterra y a 3.600 kilómetros de profundidad.
La 'marea negra' afectó principalmente a
las costas gallegas, aunque también alcanzó a otras zonas del litoral de España
y de Francia a causa de las mareas. Una 'marea' de voluntarios trabajaron en
las labores de limpieza de la zona.
Las autoridades españolas gobernaron el
'Prestige' después de la primera señal de alarma lanzada el 13 de noviembre
hasta su naufragio seis días después, por lo que fueron las únicas responsables
del hundimiento del navío y la marea negra que inundó de chapapote 1.600
kilómetros de costa cantábrica. Este es el alegato de defensa que hoy ha
presentado en el primer día del juicio por la mayor catástrofe ecológica de la
historia de España el abogado del principal encausado, el capitán del buque
Apostolos Manguras, de 76 años, quien se enfrenta a una petición de 12 años de
prisión por los delitos de atentado contra el medio ambiente, daños y
desobediencia.
José María Ruiz Soroa, letrado de Manguras,
también pidió la nulidad de la causa al considerar que en España no se
garantizaron “los derechos fundamentales” de su cliente al obtenerse pruebas
contra él sin el permiso judicial pertinentes y dudar de que pueda recibir un
juicio justo.
La descarga de responsabilidades en la
administración española por parte de Manguras fue respondida por la defensa de
otro de los encausados, el exdirector general de la Marina Mercante José Luis
López-Sors, único cargo político que se sienta en el banquillo y que está
acusado de imprudencia grave como responsable del rumbo errático que siguió el
petrolero durante seis días mientras vertía 66.000 de las 77.000 toneladas de
crudo que portaba al mar. El letrado de López-Sors, para el que pide la libre
absolución, expuso que las decisiones que se adoptaron durante los días en que
se prolongó el naufragio fueron las correctas y que, de no haberse alejado el
petrolero, se hubiera producido una catástrofe aún mayor.
Junto al capitán del Prestige y el
exdirector general de la Marina Mercante se sentó en el banquillo el jefe de
máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos, cuyo letrado ha anunciado que
renunciará si no se aumenta la retribución de 455 euros mensuales que le
corresponde como abogado de oficio. Un cuarto encausado, el primer oficial del
Prestige, Ireneo Maloto, de nacionalidad filipina, permanece en paradero
desconocido, por lo que será juzgado en rebeldía.
Petición de responsabilidades
La defensa de Manguras no fue la única que
ha exigido responsabilidades políticas por la catástrofe. A las puertas del
palacio de congresos de La Coruña se concentraron tres centenares de personas
pertenecientes al colectivo ‘Nunca mais’ para exigir la imputación del actual
jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, -en 2002 vicepresidente del Gobierno y
coordinador de la operación de salvamento; Francisco Álvarez Cascos –exministro
de Fomento-; y Miguel Arias Cañete –por entonces, como actualmente, ministro de
Agricultura y Pesca-.
La Fiscalía ha aprovechado la primera
jornada del juicio para ampliar la petición de indemnizaciones. El Ministerio
Público solicita por los daños causados más de 4.000 millones de euros, una
cantidad notablemente superior a la solicitada inicialmente. El fiscal especial
de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha justificado esta petición
en un informe elaborado por expertos de la Universidad de Santiago de
Compostela, que fija el alcance de los daños en 3.862,42 millones sólo para
España, a los que habría que sumar las compensaciones para Francia.
Fuente: Diario Montañes