Acusados el
capitán, el jefe de máquinas y el director general de la marina mercante
El fiscal pide
admitir un informe que valora el daño en 3.862 millones
Un cuatro
imputado, el primer oficial, Ireneo Maloto, está en paradero desconocido
Acusados de
delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y desobediencia
Una de las
peores catástrofes medioambientales de la historia de la navegación
Coruña, España,
16 de octubre del 2012.- Hoy ha comenzado el juicio
por la mayor catástrofe medioambiental vivida en España. El 13 de noviembre de
2002 un buque mercante, el Prestige, sufrió una avería encallando a unas millas
de la costa gallega. Al final el barco se rompió en dos a causa del temporal y
se hundió. Las 77.000 toneladas de fuel que llevaba acabaron manchando 1.600
kilómetros de costa. Diez años después se han sentado en el banquillo tres de
los acusados –el cuarto está en paradero desconocido-: el capitán, Apostolos
Mangouras, el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el director general de
la Marina Mercante, José Luis López-Sors González, único cargo político. Para
ellos piden entre 12 y cinco años de cárcel. Hasta septiembre de 2013 no se
espera la sentencia. El fiscal ha cifrado los daños en casi 4.000 millones de
euros. La defensa del capitán duda que españa brinde un juicio justo.
El abogado del capitán del Prestige ha
pedido la suspensión del juicio y el sobreseimiento de la causa en lo que se
refiere a la acusación por un delito contra el medio ambiente contra Apostolos
Mangouras. Además, ha puesto en duda que España pueda garantizar a su cliente
un juicio "justo".
En su intervención, el letrado, que rechaza
la calificación jurídica de las acusaciones por entender que no existió
"dolo", ha reclamado la "nulidad parcial" por
"violación de derechos constitucionales" y la suspensión por el hecho
de que se pida la responsabilidad subsidiaria de la compañía Universe Maritime,
encargada de la gestión técnica y comercial del barco, sin que esté personada
en el juicio.
En relación a la vista oral, se ha
preguntado si España es capaz de garantizarle a Mangouras "un juicio justo
cuando se le llamó pirata a los dos días de la catástrofe", ha indicado en
relación a los términos empleados por representantes del Gobierno.
Además, ha acusado al Estado español de
haberse "prevalido de su poder" para inspeccionar el pecio del barco
"sin dar" a la defensa "posibilidad de participar en los
reconocimientos" y de "infringir derechos fundamentales" con la
documentación recogida en el barco.
Por otro lado, el fiscal de Medio Ambiente
de Galicia, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la sala la admisión de un
informe pericial elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC)
que eleva a 3.862,42 millones el impacto económico y ambiental de la catástrofe
solo en el caso de España.
Inicialmente, la Fiscalía había evaluado
los daños en 2.233,76 millones de euros, de ellos 1.974,54 millones
correspondientes al Estado español; 172,86 millones para administraciones,
entidades y particulares de España y otros 86,36 millones de euros para el
Estado francés, administraciones, entidades y particulares de Francia.
No obstante, en su calificación de los
hechos ya advertía de que esta evaluación económica era "provisional, a
corto plazo y a la baja". La pericial que ha propuesto, y que ha quedado a
disposición del tribunal a la espera de determinar si finalmente se admite,
"va más allá del daño ambiental y abarca la totalidad de los daños",
según ha precisado la Fiscalía.
Hasta noviembre no declararán los acusados,
el capitán del 'Prestige', el jefe de máquinas y el exdirector general de la
Marina Mercante, único acrgo político imputado. En diciembre comenzarán las
declaraciones del más de centenar de testigos, entre ellos el exministro de
Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.
Alejamiento del barco
El 13 de noviembre de 2002, el 'Prestige'
registró una vía de agua, en medio de un temporal cuando el petrolero se
encontraba navegando con unas 77.000 toneladas de fuel a 28 millas de Fisterre.
Seis días después, el 19 de noviembre, el buque, tras intentar alejarlo y
acercarlo de la costa, se partió en dos.
A la 'marea negra' del petróleo, le siguió
entonces una 'marea blanca' de voluntarios procedentes de todo el mundo para
limpiar el petróleo. Ahora, se une la 'marea' de la numerosa documentación del
juicio con un sumario de más de 260.000 folios.
En él, una de las cuestiones centrales será
el debate sobre si la decisión de alejar el barco fue o no la correcta y la
incidencia que tuvo en las dimensiones de la catástrofe, después de que se
hiciesen públicas grabaciones de responsables de Salvamento Marítimo planteando
el traslado del barco a una zona refugio.
El juicio tendrá un coste para las arcas de
la Xunta de Galicia, que asume en solitario su organización, de 1,4 millones de
euros.
Para su celebración, se ha dispuesto una
sala de vistas que ocupará una superficie de más de 450 metros cuadrados, en
los que se ha habilitado un estrado de 200 metros cuadrados. También hay más de
200 asientos para el público y 30 medios de comunicación acreditados.
A los medios materiales, se suman los
humanos con un juicio en el que hay 55 acusaciones, asistidos por 70 letrados y
que representan tanto a perjudicados, como es el caso de las 60 cofradías de
Galicia, Asturias y Cantabria, como a organizaciones ecologistas y otras
surgidas tras la catástrofe, caso de 'Nunca Máis'.
Junto a ellos, están los letrados de la
Abogacía del Estado, de la Xunta de Galicia, de la Diputación de A Coruña, del
Estado francés o la Fiscalía, entre otras partes personadas en el juicio,
además de las defensas.
Penas para los imputados
En un juicio con casi un centenar de
peritos, lo que más expectación genera es si, finalmente, comparece en el
juicio el capitán del buque, Apostolos Mangouras, cuya declaración no será como
el resto de los acusados hasta el mes de noviembre.
En concreto, comenzarán a partir del día 13
con tres días de declaración para cada acusado, según las previsiones de la
sala que enjuiciará el caso, dos hombres y una mujer.
Junto al capitán, Apostolos Mangouras,
están acusados el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y el primer oficial,
Ireneo Maloto --en paradero desconocido y declarado en rebeldía-- por delitos
contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños y desobediencia.
También lo está el entonces director general
de la Marina Mercante José Luis López-Sors González, por delitos contra el
medio ambiente y daños, para el que la acusación de 'Nunca Máis' solicita cinco
años de prisión. Los demás acusados se enfrentan a penas que oscilan entre los
doce años de prisión, que reclama la Fiscalía para el capitán y los cuatro años
de cárcel, que solicitan otras partes personadas.
Como responsables civiles directos, figuran
la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y
el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de
hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y
Universe Maritime Ltd, que figuraban como propietarias del barco, y el Estado
español.
Fuente: Telecinco