Arranca con el
carpetazo en EU como precedente. Los afectados critican que por parte del
Gobierno solo esté imputado el entonces director de Marina Mercante
La Coruña,
España, 15 de octubre del 2012.- Empieza la cuenta
atrás para la celebración del juicio por la mayor catástrofe ecológica ocurrida
en las costas gallegas. Y también será el mayor macroproceso judicial en la
historia de Galicia. A menos de un mes para que se cumpla el décimo aniversario
del hundimiento del Prestige a 28 millas de Fisterra, la Audiencia Provincial
de A Coruña dará mañana el pistoletazo de salida a una vista que se prolongará
hasta mayo de 2013, según el calendario previsto por el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia (TSXG). Para la sentencia no habrá que esperar tanto como se
demoró el comienzo de la vista, ya que el tribunal que llevará el caso prevé
dar a conocer el fallo en septiembre del próximo año, tres meses después de que
haya concluido el proceso. Para entonces, habrán pasado ya casi once años de la
marea negra que tiñó de negro más de 3.000 kilómetros de costa.
El macrojuicio arranca con el rechazo de
EEUU a abrir un proceso contra la ABS, la clasificadora que certificó que el
petrolero era apto para navegar, como precedente. El tribunal de Apelación del
Segundo Circuito de Nueva York concluyó a finales de agosto que España no
presentó pruebas suficientes para culpar del accidente a la certificadora del
Prestige.
Las cuestiones procesales marcarán el
inicio del juicio, en el que hasta noviembre no declararán los acusados: el
capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Argyropoulos
Nikolaos, y el entonces director de la Marina Mercante, José Luis López Sors.
En el proceso también está imputado el primer oficial del petrolero, Irineo
Maloto, pero se encuentra en paradero desconocido desaparecido. De ser
localizado, se abrirá un proceso aparte de forma que no supondrá retraso alguno
para el juicio que desde mañana y por un periodo de ocho meses se celebrará en
las instalaciones de Expocoruña.
Aunque están llamados a sentarse en el
banquillo tres personas, todo el peso de las acusaciones recae, tanto para la
Fiscalía como para la mayoría de las 1.500 personas físicas y jurídicas personadas
en el procedimiento, sobre el capitán del petrolero, de 77 años, para quien el
Ministerio fiscal pide 12 años de cárcel.
La gran pregunta es qué ocurrirá con este
macrojuicio. Los afectados ven difícil que se haga justicia diez años después
de la catástrofe. Una conclusión que también comparten cofradías de pescadores
y otros colectivos como organizaciones ecologistas o el movimiento Nunca Máis.
Otra cuestión que también ponen sobre la mesa los afectados es el hecho de que
tan solo haya un responsable institucional entre los acusados, aunque el
entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, declarará en calidad de
testigo. El carpetazo dado por EEUU al caso al rechazar abrir un juicio contra
ABS, lo que deja exenta a la clasificadora de pagar la indemnización de mil
millones de dólares reclamada por España, no es para los afectados un buen
precedente.
Una de las cuestiones clave del juicio será
determinar si la decisión de alejar el barco de la costa fue la decisión
correcta y valorar qué incidencia tuvo este rumbo en las dimensiones de la
catástrofe.
El procedimiento está compuesto por más de
297.000 folios, provenientes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Corcubión, que dio por concluida la instrucción en noviembre del año
pasado. La reclamación por daños y perjuicios en materia de responsabilidad
civil supera los 4.100 millones. Entre las partes personadas, figuran cofradías
de pescadores de Galicia, Cantabria y Asturias; Nunca Máis; el Estado español y
el francés, ayuntamientos, la Diputación de A Coruña, la Xunta, partidos como
IU o cooperativas de armadores y particulares afectados por la catástrofe que
tiñó de fuel la costa desde la desembocadura del Miño, en la frontera con
Portugal, hasta las costas del Cantábrico y del Atlántico francés.
Fuente: La Opinión Coruña