Jenaro Villamil
El contexto de discrecionalidad, corrupción
e impunidad con que Petróleos Mexicanos se maneja desde siempre arroja en el
caso de Mexlub un ejemplo, tan sólo uno, de lo que implica el desfonde
incesante de la paraestratal. El viernes 21, Pemex decidió hacer “borrón y
cuenta nueva” con la empresa Impulsora Jalisciense, que ocasionó la quiebra de
Mexicana de Lubricantes. Pero este “perdón” por parte de Pemex, advierten
legisladores del Movimiento Ciudadano, significa un quebranto de más de 12 mil
millones de pesos, así como una evasión fiscal superior a 40 mil millones de
pesos
México, DF, 5 de octubre del 2012.- A dos
meses de que concluya la gestión de Felipe Calderón, Petróleos Mexicanos
decidió darle “carpetazo” a la relación con la firma privada Impulsora
Jalisciense, su socia desde 1993 en la empresa Mexicana de Lubricantes
(Mexlub), pese a que hay más de 60 demandas por falta de rendición de cuentas,
mala administración de su director Salvador Martínez Garza y un presunto
desfalco por más de 40 mil millones de pesos.
El viernes 21, tras varias reuniones en
Guadalajara y con el aval de José Agustín Portal, asesor financiero de Juan
José Suárez Coppel, director general de Pemex, la paraestatal más importante
del país decidió establecer “borrón y cuenta nueva” con Martínez Garza y su
empresa Impulsora Jalisciense, que ocasionaron la quiebra de Mexicana de
Lubricantes, luego de obtener ganancias netas por 225 millones de dólares
anuales, antes de su privatización.
Pemex no sólo decidió otorgarle el “perdón”
a Martínez Garza para no ejercer acción jurídica en su contra. También autorizó
el pago de 79.4 millones de pesos para cubrir los adeudos de Sultana de
Lubricantes y Lubrimar, dos filiales de Impulsora Jaliscense, a pesar de que
con ello se viola el contrato de coinversión firmado el 19 de enero de 1993
entre Pemex Refinación y ésta.
En el acta de la propuesta de “perdón” de
Pemex, cuyas medidas principales fueron presentadas originalmente el 15 de
febrero de 2012 al consejo de administración de la paraestatal, el comité
especial formado para revisar la información relacionada con Mexlub estableció
que entre las numerosas irregularidades de la empresa estaban los adeudos a
cargo y las garantías otorgadas por Sultana de Lubricantes y Lubrimar.
Ambas compañías son filiales de Impulsora
Jalisciense, tal como se determina en el informe de febrero de 2012, elaborado
por Pemex. Desde 2003 adeudan un monto total de 79.4 millones de pesos, pero la
paraestatal decidió cubrir este saldo pagándoselo a Impulsora Jalisciense, con
lo que incurre en una grave irregularidad.
En la cláusula 7.10 del contrato de
coinversión de 1993, cuya copia obtuvo este semanario, se enumeran acciones que
Mexicana de Lubricantes no podrá realizar “sin el consentimiento previo de
Pemex”. En el inciso c) se prohíbe “la celebración, modificación o terminación
por la empresa de cualquier contrato con el socio o con alguna de sus filiales
o subsidiarias o con cualquiera de los accionistas del socio”.
A la quiebra
Antes de ser privatizada durante el sexenio
de Carlos Salinas, Mexlub facturaba en sus cinco plantas productoras de aceites
y lubricantes 280 millones de dólares al año, con ganancias netas de 225
millones de dólares, lo que colocaba a esta filial de Pemex como una de las 100
empresas más importantes y con mayores ganancias a nivel nacional (Proceso 1866
y 1868).
Dos décadas después, las ganancias
reconocidas entre 1998 y 2000 fueron de apenas 6.4 millones de pesos; es decir,
menos de 600 mil dólares al año, cifra inferior al salario de 10 millones de
pesos que devengaron por concepto de “sueldos” Salvador Martínez Garza, como
director general de Mexicana de Lubricantes, y su secretaria, entre marzo de
1997 y septiembre de 2001.
A pesar de estas irregularidades, el
“perdón” de Pemex incluye la “no devolución de los salarios cobrados” por Martínez
Garza y su secretaria; el “finiquito de juicios”; la “renuncia de daños y
perjuicios de Mexicana de Lubricantes a favor de Pemex Refinación; la
aprobación de estados financieros de 2001 a 2011; la disminución de capital, y
“el reparto de dividendos”.
Pemex recibirá 399 millones de pesos,
producto de la reducción de capital social en Mexicana de Lubricantes, así como
100 millones de pesos por concepto de pagos diversos, en un plazo máximo de 30
días naturales a partir del acuerdo, firmado el viernes 21. Esta última cifra
es inferior a los 173 millones de pesos que la paraestatal pagó por concepto de
honorarios a “asesores jurídicos” entre 2001 y 2009, los cuales hicieron su
agosto con el litigio interno.
Entre estos 24 despachos jurídicos, los más
beneficiados fueron el de Aguinaco, Zaldívar y Aramburu S.C., que cobró 71.08
millones de pesos por la defensa de Pemex ante la Comisión Federal de
Competencia, por incumplimiento de una resolución ante la práctica monopólica
de venta exclusiva de lubricantes en las gasolineras de Pemex, así como el
bufete González Fernández Abogados, que cobró 17.4 millones de pesos por la
“asesoría jurídica” frente a la Cofeco.
Al despacho Chavira y Asociados S.C., se le
pagaron 18 millones de pesos por un juicio crediticio interpuesto por Banorte y
otras demandas mercantiles promovidas por Lubricantes Industriales del Golfo y
Bardhal. Al despacho Barrera Siquieros y Asociados se le canalizaron 16.2
millones de pesos por otros litigios.
En otras palabras, los ganadores de la
quiebra de Mexicana de Lubricantes y de los más de 60 pleitos por
administración fraudulenta fueron los despachos de abogados que, en conjunto,
recibieron más de lo que Pemex va a cobrar como “reembolso”.
Saqueo sistemático
En el acuerdo CAPR-055/2012 de la sesión
148 del consejo de administración de Pemex, realizada el 21 de agosto pasado,
se presentaron como condiciones para aprobar el “borrón y cuenta nueva” una
serie de medidas de “gobierno corporativo” en Mexicana de Lubricantes.
Entre esas acciones están la designación
por parte de Pemex-Refinación de dos consejeros independientes en el consejo de
administración de Mexicana de Lubricantes; la constitución de un comité de auditoría,
presidido por un consejero independiente; otro comité de remuneraciones y la
designación de un subdirector de finanzas.
Impulsora Jaliscense estuvo de acuerdo con
estas condiciones y, a cambio, aceptó la aprobación de los estados financieros
de 2001 a 2011; la disminución de capital y el reparto de dividendos; el
desistimiento de todos los juicios, “sin reserva de acción legal alguna de las
partes”; la modificación del contrato de suministro de aceites básicos,
celebrado el 3 de octubre de 1996; el fin del contrato de maquila, y la
“apertura del mercado de lubricantes en las estaciones de servicio dando por
terminada la exclusividad con Mexicana de Lubricantes”.
El martes 18 la Cámara de Diputados aprobó
un punto de acuerdo impulsado por Ricardo Monreal y Ricardo Mejía Berdeja,
diputados de la bancada del Movimiento Ciudadano, para formar un grupo plural
al interior de la Comisión de Energía con el objetivo de “transparentar todos
los manejos comerciales y financieros de Petróleos Mexicanos” de 1993 a la
fecha.
En la exposición de motivos, Monreal y
Mejía Berdeja sintetizan las anomalías existentes en Mexlub y cuestionan la
negociación establecida entre Pemex Refinación y Martínez Garza.
“¿A qué intereses responde esta
renegociación? ¿Cómo se pretende llevar a cabo un ‘borrón y cuenta nueva’
cuando los nuevos términos de negociación implican la remisión del
incumplimiento sistemático de obligaciones de todo tipo?”, cuestionan los
legisladores.
Monreal y Mejía, avalados por la mayoría de
los diputados presentes, establecieron en el punto de acuerdo que “parece
totalmente sospechoso que en pleno proceso de transición, ante el regreso del
partido y, muy posiblemente, de la cuestionada cúpula política que fomentó la
fragmentación de Pemex, resurja la idea de la coinversión con una empresa que
ha estado robando sistemáticamente durante años a la paraestatal”.
Los legisladores de la bancada de izquierda
establecen que un arreglo de este tipo, que implica perdonar un quebranto de 12
mil 87 millones de pesos y una evasión fiscal superior a 40 mil millones de
pesos (Proceso 1866), se relaciona con la negociación entre el gobierno
saliente de Felipe Calderón y el entrante de Enrique Peña Nieto.
“El ‘nuevo PRI’ se estrena con viejas
prácticas: condonar cualquier error, aceptar migajas, pasar por alto
administraciones fraudulentas y adoptar una actitud encubridora y promotora de
la impunidad, cuando se trata de amigos o aliados políticos”, sentencia el
punto de acuerdo.
Fuente: Proceso