Por Juan
Bermúdez
Primera Parte
Argonmexico / Hace más de seis años que la empresa Lomedic comenzó a surtir
medicamentos a los pacientes afiliados al Régimen Estatal de Protección Social
de las clínicas del IMSS en Jalisco. Y, a pesar de que los beneficiarios se
quejaron por la falta de abastecimiento y otras irregularidades, la Secretaría
de Salud estatal no atendió sus reclamos.
De acuerdo a un reportaje publicado en
marzo por la revista Proceso, la Ssa jalisciense decidió que a partir del 2011
cambiaría de proveedora y perdió el contrato ante la empresa Dimesa; sin
embargo, Lomedic interpuso un amparo, y logró proseguir usufructuando el
negocio que en el 2010 le había redituado ganancias por 600 millones de pesos.
Así fue, aun cuando la empresa acumuló
denuncias por incumplimiento en la distribución de los fármacos, el Tribunal de
lo Administrativo del Estado de Jalsico aceptó el recurso y suspendió de manera
provisional el resultado de la licitación. Por ello, Lomedic, propiedad de Carlos
Lomelí Bolaños, siguió dando el servicio al IMSS.
Salvador Cosío Gaona, de “Conciencia
Cívica”, denunció en noviembre de 2010 a Lomedic, por incumplir su contrato con
la Ssa local al incurrir en desabasto de fármacos en algunos de los 804 puntos
de la entidad, según reveló “El Informador”.
En esa ocasión, la agrupación pidió a la
Comisión de Adquisiciones de la dependencia negar a dicha empresa la
adjudicación 43068001-015-10 relativa al “servicio integral de subrogación de
medicamentos y material de curación para los afiliados al sistema estatal de
protección en salud y población abierta” en 2011. Aparte de que Lomedic
apareció en la lista de las 10 empresas a las que el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos les atribuye vínculos con el narcotráfico.
A pesar de las denuncias, Alfonso Gutiérrez
Carranza, quien dejó la titularidad de la Ssa-Jalisco el 29 de septiembre de
2009, nunca sancionó a la empresa. Su sucesor, Alfonso Petersen Farah, intentó
hacerlo, por lo que en abril de 2011 ordenó una supervisión a 103 centros de
distribución, para detectar las irregularidades denunciadas por los
derechohabientes perjudicados por el desabasto de medicamentos.
Entonces, la información recabada fue
remitida a las direcciones de Asuntos Jurídicos y de Recursos Materiales de la
Ssa estatal.
Las carencias y los afectados. Durante tres
visitas al módulo donde se distribuyen los medicamentos del Seguro Popular, se
observó una fila de medio centenar de personas de 35 a 60 años con su receta en
la mano. Interrogados sobre el servicio que presta Lomedic, la mayoría
respondieron que los empleados los maltratan y los hacen regresar varias veces
con el pretexto de no hay medicamentos.
Hubo quienes se quejaron por la falta de
insulina, como Silvia, quien dijo: “desde enero no he encontrado insulina para
mi abuelo, ya lo hicieron venir tres veces y no le dieron nada; tampoco hay
pastillas para que controle su presión ni para atender la insuficiencia renal
que padece. Cuando tiene dinero, mi abuelo compra la insulina, que cuesta 300
pesos y le dura menos de una semana.
“Yo vivo en Tonalá y le dije a mi abuelo
(quien vive a 150 kilómetros de Guadalajara), que yo le surtía su receta, pero
cuando vengo me dicen que no hay, que venga otro día. Y cuando llego me salen
con que la medicina no llegó… En ocasiones me recogen la receta, como si me la
hubieran surtido.”
El caso de Martina es similar. Ella comenta
que tiene una semana solicitando insulina: “Primero llamé al teléfono 3617 9805
y cuando pregunté si ya había llegado el medicamento, me comenzaron a
maltratar. No me gusta que me traten así; además, yo pago mis impuestos, por lo
que exijo que me den mi medicina”.
Carmen, otra de las afectadas, considera
que el Seguro Popular no cumple con las expectativas publicitarias del gobierno
federal. Dice que aunque los anuncios pregonan que el Seguro Popular cubre los
gastos médicos, eso no es cierto. Relata que a su esposo le extirparon un tumor
del cerebro en el Hospital Civil y el seguro no cubrió ni los análisis.
“Acudí a Trabajo Social para que me
hicieran un descuento, por lo que sólo tuve que pagar nueve mil, de los 11 mil
pesos que me cobraban. Yo vendo dulces afuera de mi casa y gano entre 50 y 80
pesos al día, apenas saco para la comida”.
Y se queja: “Nunca ha podido surtir completa
la receta del Seguro Popular. Siempre me dicen que no hay medicamento, como
Keterolaco, Clonazepam, Omeprazol; me piden que llame para saber cuándo lo van
a tener, y cuando lo hago me contestan que no saben”.
Los casos se multiplican. Patricia, por ejemplo,
asegura que tiene un mes solicitando un fármaco para atender la fibromialgia
nerviosa que padece. No sabe qué hacer porque la receta, que caduca al mes de
ser expedida, ya venció. Dice que la medicina cuesta más de 100 pesos pero ella
no tiene dinero.
Margarita, quien sufre de la presión,
relata que desde el 17 de febrero no ha podido obtener su dosis de Nifedipina,
el medicamento que debe tomar. El doctor le dijo que si no se lo surten debe
comprarlo. Cuando preguntó el precio se alarmó, pues cuesta 150 pesos.
Otra de las entrevistadas, Teresa, dice que
debe ingerir cuatro fármacos para controlar la arritmia cardiaca: “Siempre le
digo a la doctora que no me surten la receta, pero ella me contesta que deben
darme la medicina”.
Juan, quien necesita Bezafibrato, un
fármaco que está en el cuadro básico de medicamentos, tampoco puede obtenerlo;
lo mismo pasa con Sara, quien no consigue las gotas que necesita, o Laura,
quien cuida a sus padres, ambos de 90 años, quienes padecen múltiples
enfermedades.
“Mi papá padece del riñón, de los pulmones,
tiene mal de Parkinson y Alzheimer. Cuando lo interno en el Hospital Civil o lo
traigo a que le hagan algún análisis, tengo que pagar. Yo creo que con el
Seguro Popular me deben dar todo, no tengo para pagar, vivo al día”.
Continúa…