Madrid, España,
17 de septiembre del 2012.- ERC ha presentado en el
Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide la creación
de una comisión en la que esté representado el Gobierno y la sociedad civil
para "estudiar y proponer medidas de fomento del comercio justo y el
consumo responsable, tanto en el ámbito público como en el privado".
La propuesta, que se debatirá el próximo
miércoles en la Cámara Baja, incluye consensuar medidas de promoción, de
reconocimiento y de fortalecimiento de las organizaciones de Comercio Justo
como agentes comercializadores y sensibilizadores.
Esta comisión debería estar compuesta, a
juicio de Esquerra, por los representantes del Gobierno que se decida, siempre
que que haya al menos una representación de la Aecid. Por parte de la sociedad
civil, los miembros deberían ser elegidos por la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo, "asegurando la representatividad de las distintas
organizaciones sociales del Estado", señala la formación catalana.
Una de sus tareas sería la elaboración
anual de un informe sobre su análisis, actividad y propuestas que remitiría al
Congreso de los Diputados, para su debate en la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, "dando lugar a las comparecencias que se
estimen oportunas y las propuestas de resolución pertinentes".
En esa comisión se tendrían que consensuar
las medidas para la implantación generalizada del comercio justo y la compra
pública ética en las administraciones, organismos autónomos y demás entes
públicos estatales, así como en aquellas empresas que se benefician de
contrataciones o subcontrataciones con éstos.
La intención última de esta medida es que
se garanticen el cumplimiento de estándares de "compra empresarial
responsable, considerando los criterios sociales y medioambientales a la hora
de contratar bienes o servicios".
La iniciativa de ERC también propugna el
impulso de una campaña institucional dirigida a concienciar a la ciudadanía y a
las empresas privadas sobre la necesidad de un consumo responsable y sobre el
comercio justo, de medidas para difusión de estos conceptos y el compromiso de
España para que se alienten iniciativas de comercio justo en las instituciones
de la Unión Europea y Naciones Unidas.
El comercio justo es un sistema comercial
solidario y alternativo al convencional, cuyo objetivo es mejorar el acceso al
mercado de las y los productores más desfavorecidos y cambiar las injustas
reglas del comercio internacional que perpetúan la pobreza y la desigualdad,
establece Esquerra en su exposición de motivos.
De este modo, el comercio justo contribuye
al desarrollo humano sostenible, a la igualdad de género, al progreso social y
económico de las productoras y los productores, al reparto más equitativo de la
riqueza, al equilibrio medioambiental y al respeto cultural constituyendo una
herramienta eficaz de la cooperación internacional para el desarrollo. ERC
entiende que las administraciones públicas "pueden y deben jugar" un
papel fundamental en la promoción del comercio justo como herramienta para la
cooperación internacional para el desarrollo.
Además, señala, pueden ejercer su
influencia social para favorecer comportamientos ciudadanos afines a este
modelo como el consumo responsable, la elección de los productos y servicios no
sólo en base a su calidad y precio, sino también teniendo en cuenta su impacto
ambiental y social, y la conducta de las empresas que los elaboran a través de
la transparencia y la trazabilidad de todo el proceso.
Por otro lado, el concepto de 'compra
pública ética' hace referencia a los contratos públicos que introducen
criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y
estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de
los trabajadores, lucha contra el trabajo infantil, dando preferencia en sus
compras a aquellos proveedores y productos que apuestan por criterios o
estándares más exigentes, como son los estándares de Comercio Justo.
Fuente: La Información