México, DF, 27 de agosto del 2012.- Por culpa del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, TLCAN, 7.3 millones de campesinos han abandonado sus tierras
en el campo mexicano al no contar con apoyos económicos para sembrarlas. 2.3
millones de campesinos dejaron las tierras para emigrar a los Estado Unidos en
busca de mejores ingresos económicos y 5 millones de productores prefirieron
dedicarse a otras actividades con mejores remuneraciones al no encontrar el
apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Durante la celebración
del Congreso extraordinario de la Confederación Nacional Campesina, CNC, que se
realiza en Guanajuato, el especialista José R. Castelazo y Jesús Moncada de la
Fuente, director general del Colegio de posgraduados de Chapingo,
advirtieron que de seguir las cosas en
el campo en esta tendencia existe el riesgo de que la importación de alimentos
por parte de México llegue al 80 por ciento de las necesidades de consumo
alimentario en menos de dos décadas.
El especialista José R.
Castelazo, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),
informó que desde 1995 el gobierno mexicano ha proporcionado menos apoyos
totales al campo con respecto a sus propios socios comerciales, que son Estados
Unidos y Canadá.
Dijo que en promedio, el
monto total fue equivalente al 18 por ciento del valor nacional de la
producción agropecuaria, en tanto que el otorgado por la Unión Europea fue del
35.1 por ciento; Estados Unidos el 32.4 por ciento y Japón el 62.8 por ciento.
Sentenció que entre las
propuestas de solución de estos desequilibrios económicos y sociales, los
ponentes de la mesa coordinada por Ernesto Enríquez Rubio, coincidieron en la
necesidad de emprender programas de modernización de la administración pública
de manera integral y a fondo, a fin de que opere con mayores índices de
eficiencia en beneficio de los productores del campo mexicano, de su
productividad, innovación y desarrollo de capacidades.
Manifestó que de acuerdo
con los ponentes, la última Ley de la Administración Pública Federal se hizo en
1976, a fin de corregir duplicidades, precisar responsabilidades, racionalizar
y simplificar estructuras que, en lo esencial, se mantiene en la actualidad. En
el caso particular del sector agropecuario, forestal y pesquero, se ha diferido
la definición de políticas de fomento a la producción en todas las ramas del
sector primario.
Precisó que según el
CONEVAL, programas fundamentales para impulso del sector rural, como Procampo,
Alianza para el Campo y Apoyos y Servicios a la Comercialización, tienen
problemas de diseño por no responder a una nueva realidad productiva,
económica, ambiental y social del sector, además de que evidencian desviaciones
y malas prácticas por ser extemporáneas, subjetivas y clientelares.
Explicó que otra
situación calificada de grave, se dijo, es que de 2002 a la fecha, el 83 por
ciento de los productores recibieron alrededor del 48 por ciento de los
recursos federales, que, comparados con el 5.3 por ciento de los agricultores
más importantes, quienes percibieron el 30.7 por ciento, se evidencia la
dispersión, falta de concurrencia y concentración de los subsidios, lo que ha
diferido el desarrollo económico y social de los productores del campo,
especialmente los que viven en zonas vulnerables.
Concluyó indicando que la
ONU ha señalado que en este periodo el 10 por ciento de los productores más
pobres obtuvo solamente el 0.1 por ciento de las transferencias del ingreso
objetivo, mientras que al 10 por ciento de los productores desarrollados
correspondió el 80 por ciento, por lo que el Estado y su administración pública
no pueden eludir más su responsabilidad de definir políticas públicas, impulsar
programas que ejecuten los productores y verificar su cumplimiento, ofreciendo
certeza y calidad en los servicios que se prestan a los ciudadanos.
Fuente: El Punto Crítico