Guanajuato, Guanajuato, México, 27
de agosto del 2012.- En México se
requiere incrementar el respaldo al campo, dado que desde la entrada en vigor
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 2.3 millones de
campesinos han dejado sus tierras, para emigrar o dedicarse a otras actividades
mejor remuneradas, advirtieron especialistas.
El presidente del
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), José R. Castelazo y el
director general del Colegio de Post Graduados, Jesús Moncada de la Fuente
señalaron que de seguir esta tendencia hay el riesgo de que la importación de
alimentos llegue a 80 por ciento de las necesidades de consumo, en menos de dos
décadas.
En el marco del Congreso
Nacional Extraordinario de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Castelazo
informó que desde 1995 el gobierno mexicano ha proporcionado menos apoyos
totales al campo con respecto a sus propios socios comerciales: Estados Unidos
y Canadá.
Al participar en la mesa
de trabajo “Estado eficaz: modernización de la administración pública mexicana
para atender el campo”, agregó que en promedio, el monto total fue equivalente
al 18 por ciento del valor nacional de la producción agropecuaria.
Comparó que en el caso de
Estados Unidos, socio de México en el TLC, el apoyo al campo ascendió a 32.4
por ciento; el otorgado por la Unión Europea a 35.1 y en Japón a 62.8 por
ciento.
Entre las propuestas de
solución a estos desequilibrios económicos y sociales, los ponentes
coincidieron en la necesidad de emprender programas de modernización de la
administración pública de manera integral y a fondo.
Esos programas tendrían
como fin operar con mayores índices de eficiencia en beneficio de los
productores del campo mexicano, de su productividad, innovación y desarrollo de
capacidades.
De acuerdo con los
ponentes, la última Ley de la Administración Pública Federal se hizo en 1976,
con el fin de corregir duplicidades, precisar responsabilidades, racionalizar y
simplificar estructuras que, en lo esencial, se mantienen en la actualidad.
En el caso particular del
sector agropecuario, forestal y pesquero, aseveraron que se ha diferido la
definición de políticas de fomento a la producción en todas las ramas del
sector primario.
Precisaron que según el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval),
los programas fundamentales para el impulso del sector rural tienen problemas
de diseño.
Esos problemas,
precisaron, no responden a una nueva realidad productiva, económica, ambiental
y social del sector, además, evidencian desviaciones y malas prácticas por ser
extemporáneas, subjetivas y clientelares.
Otra situación grave,
añadieron, es que de 2002 a la fecha, 83 por ciento de los productores
recibieron casi 48 por ciento de los recursos federales.
Esos recursos, comparados
con 5.3 por ciento de los agricultores más importantes, quienes percibieron
30.7 por ciento, evidencian la dispersión, falta de concurrencia y
concentración de los subsidios, lo que ha diferido el desarrollo económico y
social de los productores del campo.
Recordaron que la
Organización de la Naciones Unidas (ONU) ha señalado que en este periodo, 10
por ciento de los productores más pobres obtuvo solamente 0.1 por ciento de las
transferencias del ingreso objetivo, mientras que a 10 por ciento de los productores
desarrollados correspondió 80 por ciento.
Fuente: Rotativo