Por Sally Burch, 21sep12
El 6 de septiembre de
este año inició la 14ª ronda de negociaciones de la Asociación Transpacífico
(TPP por sus siglas en inglés) que, según el presidente Obama, constituiría el
modelo de acuerdo comercial “de alto nivel” para el nuevo siglo, que pronto
podría aplicarse en todo el mundo. En estas negociaciones han venido
participando nueve países que bordean el océano Pacífico: Estados Unidos, Perú,
Chile, Australia, Nueva Zelandia, Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. En la
última ronda, en julio, se aceptó en principio el ingreso de los otros dos
socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -Canadá y México- con
lo cual el TPP podría convertirse en una especie de TLCAN ampliado y reforzado.
Japón también ha expresado interés por ingresar, pero no ha realizado aún un
pedido formal, debido, entre otras razones, a la oposición que enfrenta
internamente. Toda vez, estos tres países –como otros que se sumen luego- no
podrán incidir en el contenido de las negociaciones.
De lo poco que se conoce
al respecto –pues los documentos de negociación se mantienen bajo estricta
reserva- el TPP es un modelo altamente preocupante, pues va aún más allá de la
mayoría de tratados precedentes. Exigirá la modificación de numerosas leyes internas
de los países signatarios respecto a derechos de propiedad intelectual,
inversión y protección ambiental y otros temas. Permitiría a las empresas
extranjeras enjuiciar a países soberanos si imponen restricciones que afecten
sus intereses. Amenazaría el acceso a medicamentos esenciales en los países en
desarrollo, y haría peligrar el libre acceso a la información en Internet. Pero
sobre todo, el TPP se negocia con una falta total de transparencia, que hace
que la ciudadanía no pueda opinar sobre decisiones fundamentales que
comprometerían a sus respectivos países y su soberanía durante las próximas
décadas.
¿Fomentar el comercio o
liberalizar el marco regulatorio?
El TPP inició como un
modesto acuerdo comercial entre Singapur, Nueva Zelandia y Chile. Los países
ahora participantes lo ven como una oportunidad para ampliar sus intercambios
comerciales, con costos reducidos, debido al enredo actual de acuerdos
comerciales múltiples que -según un análisis publicado por la Council on
Hemispheric Affairs –COHA- (1)- incrementan el costo de las transacciones en un
promedio de 5%. Con la entrada de EU, evidentemente el TPP cambió de carácter y
de dimensión.
En 2011, los nueve países
parte del TPP generaron un PIB total de US$ 17,8 billones, del cual el 85% corresponde
a EU, un 5% de cuyos flujos comerciales es con los demás países del bloque. Si
se suman México, Canadá y Japón, el TPP-12 se convertiría en el bloque
comercial más grande del mundo, con una población de unas 700 millones de
personas y una actividad económica que actualmente suma alrededor de US$ 26,6
billones, informa COHA. Se ha hablado incluso de un acercamiento con China y
Corea del Sur.
No obstante, EU ya
mantiene tratados de libre comercio (TLCs) con la mayoría de los países parte
del TPP, entonces para este país, no significaría mucha ganancia en términos
comerciales. Más bien, hay fuertes indicios de que Washington busca aprovechar
el tratado para introducir aspectos que no ha logrado conseguir por otras vías,
tanto de los países contrapartes, como en su propio sistema legislativo.
Es más, en los últimos
meses se ha tratado de acelerar las negociaciones con miras a concluirlas este
año, si bien este plazo ya parece poco factible, debido a la resistencia de
algunos países frente a varias de las condiciones que EU justamente está
proponiendo.
Proteger las inversiones
Similar al fallido
proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), este tratado abarca
mucho más que solo aspectos comerciales. Contiene unos 26 capítulos que incluyen,
entre otros: aduanas, servicios transfronterizos, telecomunicaciones, compras
públicas, políticas de competencia, cooperación y desarrollo de capacidades,
inversiones, servicios financieros, regulaciones ambientales y derechos de
propiedad intelectual.
No obstante el sigilo que
recubre los textos en negociación, dos capítulos han sido filtrados a la luz
pública, que permiten apreciar el tenor de los contenidos. Se trata de los
capítulos de inversiones y de propiedad intelectual.
En junio de 2012 se filtró
el capítulo de inversiones (2), uno de los más controvertidos. En el documento
se hace una definición muy amplia de la inversión, y se propone cláusulas de
protección que cubrirían no solo las inversiones extranjeras existentes, sino
también acciones y derivados, asociaciones público-privadas, minería, licencias
y permisos de manufactura, e incluso las ganancias futuras estimadas. Prevé
nuevas salvaguardas para inversores que podrían limitar severamente la
capacidad de regulación de los Estados parte.
Adicionalmente, el
capítulo de inversiones prevé el recurso a un tribunal internacional de
arbitración –como el CIADI u otro- para resolver litigios entre inversores
privados y Estados nacionales. Implica expandir la experiencia del TLCAN y
otros tratados similares, que permiten a las empresas cuestionar leyes
nacionales -incluso las que protegen el interés público- y exigir una
compensación si consideran que afectan sus intereses.
Hasta ahora, como
resultado de juicios de este tipo bajo los parámetros de TLCs existentes, los
países en desarrollo han tenido que desembolsar más de $350 millones de dólares
en compensación a corporaciones privadas. En otros 17 reclamos pendientes, por
un valor total de más de US$ 12 mil millones, todos tienen relación con políticas
de medio ambiente, salud pública o transportación, y no con asuntos de comercio
internacional (3). Solo Australia, hasta ahora, ha puesto una cláusula de
excepción al acápite sobre arbitraje, que le eximiría de someterse a estos
tribunales.
Otro tema polémico son
las propuestas que limitarían la capacidad de los países de adoptar medidas
precautelarías contra la especulación financiera. Chile, en particular, rechaza
tales propuestas.
Propiedad intelectual
El capítulo de propiedad
intelectual (4) se filtró en febrero de 2011, y desde entonces desató fuertes
cuestionamientos. Según el análisis publicado por COHA, de todo el TPP, este
capítulo parece ser el que "incorpora los cambios más sustantivos al
derecho internacional”. Los derechos de autor propuestos son desmedidos,
superando incluso lo ya existente en EU: se extiende el periodo de protección a
un mínimo de 70 años luego de la muerte del autor, o a no menos de 95 años
desde la primera publicación autorizada. En la ley estadounidense, los 70 años
es el tope, mientras que el acuerdo TRIPS de la OMC fija ambos plazos en 50
años.
Es más, el documento
retoma contenidos que podrían limitar el libre acceso a información en
Internet, como se lo intentó con SOPA –el Stop Online Piracy Act o ley contra
la piratería en línea- que no pasó en el Congreso estadounidense debido a la
fuerte oposición ciudadana. Si cláusulas similares se insertan en el marco de
un tratado internacional como el TPP, podría permitir circunvalar el proceso
legislativo nacional.
Otro aspecto cuestionado
de este capítulo del TPP se refiere a la facilitación y expansión de estándares
de patentabilidad. Por ejemplo, permitiría patentar pequeñas modificaciones a
una invención existente, un subterfugio que las empresas farmacéuticas utilizan
para poder renovar indefinidamente las patentes de los medicamentos y demorar
la introducción de versiones genéricas. El documento especifica también que se
podrá patentar plantas y animales –algo que muchos países prohíben-, como
también métodos de diagnóstico, terapia y cirugía para el tratamiento de seres
humanos o animales.
Una mayoría de los países
parte se resisten también a extender los monopolios farmacéuticos, como lo
propone EU. Además, Australia y Nueva Zelandia no aceptan medidas que
permitirían a tales empresas objetar su práctica de fijar los precios de
medicamentos para su sistema de salud pública.
Un atentado al proceso
democrático
El comercio entre
Latinoamérica y Asia ha aumentado considerablemente en las últimas dos décadas
y hay interés por fomentarlo. No obstante, para los tres países
latinoamericanos participantes –Perú, Chile y México-, que ya mantienen TLCs
con EU., las pretendidas ventajas de estar en el TPP, dado su fuerte énfasis en
el eje Asia-EU, son poco evidentes y representan riesgos grandes. De hecho,
Chile, antes considerado un signatario seguro, ha puesto en duda su firma si no
se flexibilizan las provisiones en propiedad intelectual. Toda vez, llama la
atención que, en estos países, hasta ahora el TPP no ha sido objeto de mayores
manifestaciones de rechazo por parte de los actores sociales que se movilizaron
contra los anteriores TLCs, hecho que sin duda va de la mano con el casi total
desconocimiento público del proceso de negociación en curso.
De hecho, en 2010, los
países participantes habrían acordado no divulgar los textos de negociación,
sino solo cuatro años después de cerrar las negociaciones, sea o no que éstas
culminen en un acuerdo (5). Únicamente los propios negociadores –y según parece
un grupo selecto de socios corporativos- tienen acceso a los documentos. Ni
siquiera los comités parlamentarios concernidos pueden conocerlos. Las
entidades ciudadanas o empresariales pueden someter propuestas -y de hecho
varias lo han hecho- pero no están en capacidad de reaccionar frente a lo que
realmente se está negociando.
Siendo un texto que
comprometería la soberanía y cambiaría las legislaciones nacionales, ello
constituye un verdadero atentado al proceso democrático. EU apuesta a que este
tratado podría ser el último que tenga que negociar, pues a futuro otros países
simplemente tendrían que sumarse a lo ya negociado. Siendo así, resulta aún más
aberrante la falta de transparencia en el proceso de negociación. Y sin
embargo, ese es el tratado “modelo” que nos propone Obama…
Con estas inquietudes, la
red estadounidense Just Foreign Policy ha lanzado una campaña de financiamiento
(bajo la modalidad de “crowdsourcing”), para recompensar a Wikileaks en el caso
de que logre filtrar al público todo el documento de negociación del TPP. Su
publicación, según la organización, “demostraría que Wikileaks sigue siendo
relevante a la demanda ciudadana de transparencia gubernamental… y que la
campaña de Wikileaks a favor de la transparencia gubernamental no concierne
únicamente a asuntos relacionados con la guerra, sino que se extiende a todas
las áreas donde la acción secreta de los gobiernos amenaza el interés público”.
Sally Burch, periodista,
es integrante de ALAI.
Notas:
(1) Stadius, Eric y
Briggs, Elizabeth. The
Trans-Pacific Partnership: Free Trade at What Costs? COHA, Washington
http://www.alainet.org/active/57406 (2) TPP investment chapter:
http://www.citizenstrade.org/ctc/wp-content/uploads/2012/06/tppinvestment.pdf,
versión junio 2012 (3) Earth Justice et al. Key Elements of Damaging U.S. Trade
Agreement Investment Rules that Must Not Be Replicated in TPP,
http://www.citizen.org/documents/tpp-investment-fixes.pdf, febrero 2012 (4) TPP
Intellectual Property Chapter: http://keepthewebopen.com/tpp, version febrero
2011. (5) Wallach, Lori. NAFTA on Steroids. Public Citizen, Washington.
http://www.alainet.org/active/56280
* Este texto es parte de
la revista América Latina en Movimiento No.478, sobre el tema en "La
ruleta de los TLCs"
Fuente: ALAI