El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que no le
consta que se haya producido "ninguna incidencia" durante el mes que
lleva en vigor el Real Decreto por el que se deja sin tarjeta sanitaria a los
inmigrantes que están en situación irregular en España.
Madrid, España, 30 de septiembre del 2012.- "Al Ministerio no ha llegado ninguna
incidencia por parte de ninguna comunidad autónoma ni de ninguna organización
profesional sobre este aspecto", han recalcado a Europa Press fuentes del
departamento dirigido Ana Mato, a pesar de que con este Real Decreto, aprobado
en Consejo de Ministros a primeros de agosto, sólo se garantiza a este
colectivo la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención
por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la
asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años.
En los mismos términos se
ha referido el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José
Rodríguez Sendin, quien además ha explicado que los profesionales sanitarios
"siguen haciendo su vida normal" y, de este modo, siguen atendiendo a
los pacientes.
"La medida también
se ha aclarado un poco más" y, ahora, "tiene una connotación menos
dramática", ha señalado el representante de la OMC, para quien la
asistencia española a inmigrantes es "de las más generosas de
Europa".
En cuanto a los servicios
de Urgencias, a los que corresponde desde el 1 de septiembre absorber gran
parte de la asistencia que se debe de dejar de prestar en Atención Primara,
desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia (SEMES),
destacan no tener constancia de "incidencias graves".
Su presidente Tomás
Toranzo asegura que, un mes después de la retirada de la tarjeta sanitaria a
los inmigrantes en situación irregular, a falta de conseguir datos oficiales,
"no se ha visto una incidencia grave" en los servicios de Urgencia,
en parte, según señala, porque la medida ha quedado "un poco
descafeinada", al no ser llevada a cabo por todas las comunidades
autónomas.
"No hay datos
oficiales, tenemos estimaciones de lo que nos cuentan los distintos servicios.
No se ha visto una incidencia grande", insiste a Europa Press el
representante de SEMES, quien aclara que, al quedar "un poco descafeinada
la medida", "los inmigrantes están yendo por los conductos normales
y, de momento, no ha habido grandes problemas". "Era previsible,
salvo en algunos servicios de salud que se están tomando a rajatabla",
apostilla.
No obstante, Toranzo
considera que aún es pronto para emitir una postura definitiva, pues los meses
de verano son "difíciles de valorar", al haber más tiempo libre y al
aumentar la incidencia. Por ello, considera que la verdadera situación se
conocerá pasados unos meses, "en una situación de normalidad".
El presidente de SEMES
recuerda también que la sociedad a la que representa está en contra de que,
cuando se toma una medida de este tipo, el Ministerio no tengan en cuenta las
alternativas ni los grupos que se verán afectados por su decisión.
PRONTO PARA "VER LOS
EFECTOS"
No obstante, desde a
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)y la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) se esperan
consecuencias por la implantación de esta medida que afecta a más de 153.000
inmigrantes que están en situación irregular en España, según datos del
Instituto Nacional de Estadística.
El portavoz de la FDASP,
Marciano Sánchez Bayle, ha asegurado a Europa Press que todavía es
"pronto" para comprobar los efectos sanitarios que está provocando la
retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales, aunque ha avisado
de que ya se han producido casos en los que no se les ha atendido.
"De manera general,
los efectos de la medida van a tardar más tiempo en producirse", ha
señalado, al tiempo que recalca que hasta el momento está habiendo una
aplicación "bastante laxa" de esta medida. No obstante, ha advertido
de que a la larga sí se van a comprobar los efectos negativos de la normativa y
ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy por poner en marcha una ley que está
siendo aplicada "de manera diferente" entre las comunidades autónomas
y que, además, es una "barbaridad".
Por su parte, el
presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc), Josep Basora, ha vaticinado que, la retirada de la tarjeta sanitaria
a inmigrantes en situación irregular, generará "un problema de salud
pública", pues habrá enfermedades "que serán más difíciles de
controlar".
En la actualidad, 2.200
médicos forman parte de la red de objetores de conciencia, puesta en marcha por
Médicos del Mundo y Amnistía Internacional. "No entendemos cómo se ha
podido retirar la tarjeta sanitaria a las personas que están más
excluidas", recalca Basora a Europa Press.
Entre los posibles
problemas, asegura, se producirá el colapso de los servicios de Urgencia, un
lugar que "no es el idóneo" para acudir a realizar ciertas consultas,
y la reaparición de enfermedades que ya estaban controladas. "Ir a
Urgencias es un sobrecoste para el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha
insistido.
En este sentido, ha
aludido a los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el
derecho que tienen todas las personas a recibir atención preventiva o
medicamentos. "Es un problema humanitario. Nuestra ética profesional nos
dice que no podemos dejar de atender a un paciente, pues es un abandono",
ha recalcado este experto.
Por último, Basora ha
recordado que esta medida no se aplica en casi 10 de las 17 comunidades
autónomas. "Han tenido que hacer tantas excepciones que se ha podido
convertir en 'papel mojado'", ha asegurado.
Este experto ha instado a
cambiar la medida, pese que ha reconocido que los médicos van a seguir
"atendiendo igual" a los pacientes. "La razón se impondrá y les
atenderemos a estas personas se facture o no a un tercer país", ha
insistido.
Fuente: El Economista