Bogotá, Colombia, 17 de octubre del 2012.- Una decena de organizaciones como Oidhaco, el
Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) o Enlazando
Alternativas, han pedido hoy a la UE que no firme el Tratado de Libre Comercio
con Perú y Colombia ni el Acuerdo de Asociación con Centroamérica. Argumentan
que los ciudadanos van a salir perjudicados y que primero deben respetarse los
derechos humanos y laborales en países como Colombia.
La comisión de Comercio
Internacional del Parlamento Europeo votará esta tarde el TLC entre la UE y
Perú y Colombia, así como el Acuerdo con Centroamérica. El Pleno de la
Eurocámara se pronunciará antes de fin de año sobre ambos textos, y los jefes
de Estado y de Gobierno de ambas regiones los firmarán formalmente en la Cumbre
UE-CELAC que tendrá lugar en Santiago de Chile en enero de 2013.
Con el tiempo a
contracorriente, numerosas organizaciones de la sociedad civil han alzado hoy
la voz en Bruselas en contra de ambos acuerdos. Lamentan que los ciudadanos europeos
y latinoamericanos sean los que vayan a salir perjudicados.
Lourdes Castro, experta
en relaciones comerciales UE-América Latina, ha advertido de que los países
latinoamericanos serán los grandes perdedores ya que los acuerdos son
“totalmente asimétricos”. En concreto, ha subrayado que los proveedores de
servicios locales de América Latina deberán competir con los europeos de igual
a igual, pese a que las condiciones de una y otra parte están diferenciadas.
Asimismo, ha señalado que el sector lácteo europeo exportará a Colombia y Perú
provocando un “desplazamiento de los mercados internos centroamericanos y
andinos, afectando a los productores locales”, ha denunciado.
Por su parte, Luis
Barbarán, de la asociación ‘El Andino’, ha advertido del peligro que suponen
los acuerdos para los pueblos indígenas, puesto que los recursos naturales se
verán afectados.
Trabajadores
Desde la Confederación de
Trabajadores de Colombia, su director de Relaciones Internacionales, Tarciso
Mora, ha señalado que los tratados no crearán más puestos de trabajo en Europa,
sino que se perderán miles dado que las empresas se trasladarán a los países
latinoamericanos para producir de forma más barata.
Otra de las cuestiones
que ha puesto sobre la mesa ha sido la situación de los sindicalistas en
Colombia, donde en los últimos 25 años han sido asesinados 3.000 dirigentes, ha
denunciado Mora. En esta línea, Wolfgang Kaleck, secretario general y
cofundador del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos
(ECCHR), se ha preguntado “cómo la Unión Europea puede firmar un Tratado de
Libre Comercio con el país dónde más asesinatos de sindicalistas hay”.
Precisamente la comisión
de Comercio Internacional de la Eurocámara aprobó a finales de mayo una
resolución para que Colombia y Perú establezcan una hoja de ruta “vinculante y
transparente” con el fin de garantizar los derechos laborales, humanos y del
medio ambiente. El objetivo es presionar a los dos países para que
intensifiquen sus esfuerzos, ya que eurodiputados han mostrado su preocupación
por la situación de los derechos de los trabajadores, en concreto, de los
sindicalistas en Colombia.
Kaleck ha insistido en
que la Corte Penal Internacional debe intervenir a este respecto puesto que el
número de asesinatos de sindicalistas en Colombia alcanza el umbral de los
crímenes de lesa humanidad. A su vez, ha instado a la UE a que no firme el TLC
con Bogotá para presionar más al país a que se investiguen dichos asesinatos,
ya que el 92% no están siendo evaluados.
En los próximos meses la
Eurocámara votará ambos acuerdos, y está previsto que los respalde. Sus
defensores señalan que favorecerá un incremento comercial entre ambas partes ya
que eliminará los altos aranceles, resolverá las barreras técnicas al comercio,
liberalizará el mercado de servicios, abrirá los mercados de contratación
pública e incluirá compromisos sobre la aplicación de las normas laborales y
medioambientales.
En el caso del TLC con
Perú y Colombia, BusinessEurope, la organización patronal europea, ha subrayado
que la reducción de los aranceles provocará un ahorro anual de 270 millones de
euros. Además, ha recordado que habrá un mayor acceso a los mercados agrícolas,
industrial y de servicios de ambas regiones. Sobre los derechos de los
trabajadores, según BusinessEurope, los acuerdos garantizan un respeto de los
derechos humanos y laborales.
Fuente: RECALCA