Quito, Ecuador, 28 de octubre del 2012.- Representantes del sistema financiero privado ecuatoriano advirtieron el
domingo que la intención gubernamental de financiar un aumento del bono para
pobres a través de mayores impuestos pone en riesgo la estabilidad de la banca.
El proyecto de ley
económica "no es contra la banca sino contra el Ecuador, contra siete
millones de depositantes... porque desestabiliza a la banca, la debilita",
aseguró Abelardo Pachano, Presidente de Produbanco, una de las más grandes entidades
bancarias del país andino.
En declaraciones al
diario El Comercio, agregó que la nueva tasa tributaria es
"confiscatoria" dado que la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico establece que si decisiones estatales se dictan "con
intencionalidad y discriminan a un sector, se puede estar hablando de una
expropiación velada".
Explicó que con la medida
los pequeños accionistas de los más de 20.000 que tiene el sistema
"experimentarán pérdidas en sus patrimonios" y deberán vender sus acciones
a un precio menor.
El presidente Rafael
Correa descartó la víspera una eventual afectación al sistema pues
"siempre debemos ser cuidadosos para no desestabilizar a la banca",
dijo.
Sobre el reporte del
director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, quien señaló
que la contribución impositiva del sistema financiero es de 170 millones de
dólares, Pachano señaló que se trata de un error pues el aporte
"representa el 80% de sus utilidades", es decir unos 309 millones de
dólares.
Con el proyecto de ley la
carga tributaria alcanzaría el 500% de la utilidad, lo que impediría a la banca
capitalizarse, acotó.
El gobierno aspira
financiar un incremento de 30 a 50 dólares del Bono de Desarrollo Humano que
entrega a más de 1,2 millón de personas de escasos recursos para lo cual ha
decidido que "socializará" las ganancias de la banca privada que en
2011 se situaron en 460 millones de dólares.
Para ello envió a la
Asamblea una propuesta urgente que incluye el aumento del impuesto de 0,08% a
0,25% a los activos del sistema en el exterior y la eliminación de privilegios
tributarios sobre las utilidades. La Asamblea, de mayoría oficialista, debe
pronunciarse en 30 días.
Fuente: AP