Valencia, España, 18 de octubre del 2012.- El presidente de Puertos del Estado, José Llorca,
ha instado este jueves a sindicatos y empresas del sector español de la estiba
a "decir si están dispuestos a correr ese riesgo de que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TUE) se pronuncie" acerca de la legislación
española en esta materia o prefieren "parar el golpe de ir al tribunal en
base a una reforma pactada entre trabajadores y empresarios en la línea que la
UE diga que con eso le sirve".
Así lo ha señalado en
declaraciones a los periodistas antes de participar en el almuerzo-coloquio del
Propeller Club de Valencia, preguntado por la polémica tras el dictamen de la
Comisión Europea sobre las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores
Portuarios (Sagep) y, en concreto, por si crearán un frente común con los
agentes sectoriales ante Bruselas en defensa de la ley española.
Llorca ha indicado que la
UE considera que el sistema español "altera los principios de la libertad
de empresa" y que, ante esa situación, les ha explicado las dos opciones a
los representantes del sector para que elijan. "Yo he dejado abiertas las
dos posibilidades, tiene que ser el sector el que escoja qué prefiere", ha
remarcado.
Admite, no obstante, que
su "consejo personal" es que no deberían "esperar al tribunal
porque podría fallar anulando artículos de la Ley de Puertos" y darse la
situación de que "hubiera un cierto vacío legislativo respecto a cómo
funciona la estiba en España".
Respecto a la normativa
española ahora cuestionada, ha destacado que cuando el legislador hizo la ley
en vigor, recientemente aprobada, "no piensa que esa ley vaya en contra de
la legislación comunitaria" y que, además, "se hizo con acuerdo de
los sindicatos, de los empresarios y de los dos partidos mayoritarios".
En cuanto a ese supuesto
frente común, ha precisado que "no se ha roto nada que se hubiera dicho
con anterioridad" dado que en la reunión que mantuvo con la estiba no se
acordó "ir a Bruselas a plantear un frente común para la defensa de la
legislación española", sino que les planteó "dos posibilidades"
ambas con el punto de partida de que, a su juicio, "el dictamen está
tremendamente fundamentado y, por tanto, es muy difícil que en el caso de que
fuera al Tribunal de Luxemburgo, éste fallara a favor de la legislación
española".
Así, ha aclarado que fue
el sindicato mayoritario quien planteó que "antes" de elegir entre
reformar la normativa o esperar la decisión del TUE, fueran "todos juntos
a Bruselas a ver dónde estaban las líneas rojas para la Comisión Europea para
ver si, para ellos y para el resto del sector, era aceptable afrontar una
reforma de la ley española previamente al tribunal".
En cuanto a los puntos de
desencuentro con la UE, Llorca ha indicado que desconoce "cuáles son las
líneas rojas para adaptar la legislación española a lo que ellos consideran que
es la norma comunitaria", aunque ha apuntado que "la política
portuaria de la UE es contraria a los 'pool' únicos de trabajadores" y
que, en este sentido, considera que "la legislación española atenta en
cierta medida contra la libertad de empresa".
A preguntas de los
periodistas acerca de los 'pool' existentes en otros puertos europeos, ha
explicado que la diferencia radica en la cantidad de trabajadores que están
dentro de ese grupo, que "en España prácticamente es del 80 por ciento y
en los otros puertos que hay un solo 'pool', suelen ser del orden del 10 por
ciento".
Llorca ha garantizado, no
obstante que no permitirán "bajo ningún concepto" que "la UE sea
discriminatoria con el régimen español respecto a otro tipo de regímenes".
"IR DE LA MANO
TODOS" Y "CUIDAR" A LOS 7.000 TRABAJADORES
Sobre las distintas
opciones, ha remarcado que "el Gobierno no va a legislar a priori y por
tanto de forma unilateral a esa situación", sino que van a "ir de la mano
todos" a ver qué deben "hacer para que los puertos españoles sigan
siendo competitivos" y respeten la legislación comunitaria "en los
términos que la UE considere".
Además, Llorca ha
subrayado que deben "garantizar" que "no se producen pasivos
laborales" entre los 7.000 trabajadores en la estiba, a quienes hay que
"cuidar". "No se puede tomar cualquier decisión que genere
pasivos laborales en ese grupo de trabajadores que están colaborando a la
competitividad en esos puertos", ha sentenciado.
Fuente: La Vanguardia