México, DF, 1
de octubre del 2012.- La reforma laboral cocinada
entre el PAN y el PRI pretende ser una concesión de México a los países
miembros del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP,
por sus siglas en inglés) –al que se incorporó apenas en junio pasado–, aunque
podría contravenir el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN).
El laboral es uno de los temas más críticos
en las discusiones del TPP, que ya suma 14 rondas. La más reciente se efectuó
este mes en territorio estadunidense, y en ninguna ha participado México.
Patricia Juan, abogada del Frente Auténtico
del Trabajo (FAT), comenta a este semanario: “Desde el proceso de firma del
TLCAN la idea era tener un mercado abierto de mano de obra barata. Se ha estado
buscando que, a partir de que en México hay posibilidades de invertir, ahora la
competencia es que fuera más barato”.
Explica: “Ahora que se busca mayor
flexibilidad y hacer más sencilla la inversión (la reforma laboral) es la base
para negociar el TPP. Para nosotros, competir y mantenernos en ese nivel es lo
que se requería para tener esa flexibilidad y esa competitividad”.
El TPP se conformó en 2006 con cuatro
socios: Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur. Luego se sumaron Estados
Unidos, Perú, Vietnam, Malasia, Australia, y en junio último Canadá y México.
Ahora, según la especialista, mientras China se encareció, México se está
convirtiendo en un atractivo foco para la inversión.
En su informe enviado al Senado el lunes
17, la Secretaría de Economía menciona 22 mesas de trabajo dentro de las
pláticas del TPP, una de las cuales incluye los rubros “comercio y trabajo”, pero
elude el aspecto laboral.
Este aspecto se perfila como uno de los más
complejos en las discusiones, según el reporte Las negociaciones de la Alianza
Trans-Pacífica y temas para el Congreso, coordinado por Ian F. Fergusson,
especialista en comercio internacional y finanzas, y en el que colaboraron
William H. Cooper, experto en comercio internacional y finanzas; Remy Jurenas,
especialista en políticas agrícolas, y Brock R. Williams, analista en comercio
internacional y finanzas.
Difundido recientemente por el Servicio de
Investigación Legislativa de la Cámara Baja de Estados Unidos, el reporte
apunta: “A los simpatizantes de derechos laborales fuertes –como los sindicatos
y algunas ONG– les preocupa un posible fracaso en el respeto y promoción de
esos derechos, incluyendo la negociación colectiva, que podría llevar a la
imposición de bajos salarios y pobres condiciones en desventaja competitiva en
la medida en que compitan contra prácticas laborales de costos y estándares
bajos”.
Según el marco negociador del TPP de
noviembre de 2011, este acuerdo tendrá un capítulo laboral separado. El
convenio original –conocido como P-4, por sus firmantes originales– no aborda
específicamente los derechos laborales.
Sin embargo, el reporte estadunidense
critica ese convenio por “su lenguaje ambiguo”, sobre todo porque, apunta, “el
capítulo ‘incluiría compromisos de protección de los derechos laborales y
mecanismos para garantizar la cooperación, la coordinación y el diálogo sobre
temas laborales de preocupación mutua’”.
El TLCAN, vigente desde 1994 entre Canadá,
Estados Unidos y México, incluyó un capítulo laboral fuera del cuerpo del
acuerdo, en el que se pide a las partes aplicar sus propios estándares
laborales. Las estipulaciones son cumplidas mediante un procedimiento especial
de solución de disputas.
Mientras, el Tratado de Libre Comercio
entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus
siglas en inglés), en vigor desde 2006, contiene una figura similar, pues sus
provisiones son ejecutables bajo el mecanismo de solución de disputas y las
violaciones son sujetas a potenciales sanciones comerciales.
Nuevos principios laborales fueron
incluidos en los TLC entre Estados Unidos y Perú (2009), Panamá (a partir del
próximo mes), Corea del Sur (desde marzo pasado) y Colombia (desde mayo
último), de modo que se pidiera a las partes adoptar y mantener cinco derechos
laborales internacionalmente aceptados que aparecen en la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, de 1998:
La libertad de asociación, el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación
de todas las formas de trabajo obligatorio o forzado, la abolición efectiva del
trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el trabajo. Estos
lineamientos son aplicables bajo los procedimientos de solución de disputas de
los TLC.
Basadas en el capítulo laboral del TLCAN,
sindicatos y organizaciones gremiales han presentado 35 denuncias contra México
ante el panel laboral de 1994 a la fecha, pero sólo han concluido en
recomendaciones a la Secretaría del Trabajo.
Estándares mínimos
México se alista para participar por
primera vez en la próxima ronda de negociaciones del TPP, programada para
diciembre próximo.
“Ahora es necesario hacer más vendible, más
domesticable y más controlable la mano de obra. La reforma (laboral) genera ese
contexto”, enfatiza la abogada del FAT.
A su vez el reporte estadunidense
coordinado por Cooper asienta: “El tema del tratamiento de los derechos citados
en el TPP ha provocado un debate entre sus socios y los actores
estadunidenses”.
En diciembre de 2011, periódicos de Estados
Unidos informaron que el gobierno de ese país entregó una propuesta al respecto
a los otros países, que presuntamente se ceñía a los principios de la OIT.
De acuerdo con esas versiones –que la
administración de Barack Obama aún no admite de manera pública– se intenta que
las naciones tengan leyes laborales relacionadas con requerimientos de salario
mínimo, horario de trabajo, seguridad y salud ocupacional. Asimismo, sus socios
deberían tomar medidas para reducir el comercio en productos hechos con trabajo
forzado o infantil y aplicar leyes laborales en las zonas de procesamiento para
la exportación o de libre comercio.
El documento de Cooper, divulgado por el
Servicio de Investigación Legislativa estadunidense y que recoge la información
periodística, indica: “Los derechos de los trabajadores podrían ser
controversiales entre los socios del TPP. Vietnam y Brunei, por ejemplo,
habrían expresado su rechazo a provisiones laborales sujetas a procedimientos
de solución de disputas vinculantes”.
A ello se debe también que los opositores a
la reforma laboral calderonista hayan llevado su reclamo a Washington y a otras
instancias internacionales.
“En la medida en que tengamos reformas
laborales que restrinjan la asociación y la negociación colectiva, se rompe la
posibilidad de mejores condiciones de trabajo. En la medida en que eso ocurra,
en Estados Unidos van a perder empleos, porque las empresas se van a instalar
en México, y va a haber migración”, sostiene la abogada Patricia Juan.
Por esa misma razón, el viernes 21 los
congresistas demócratas Jan Schakowsky, James McGovern, Rosa DeLauro, Michael
Michaud, Raúl Grijalva, Sam Farr, John Tierney, Linda Sánchez, Michael Doyle y
John Conyers enviaron una carta a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en
la cual le piden que inste al gobierno mexicano a proteger los derechos de los
trabajadores, incluyendo el de organización:
“Le escribimos para expresar nuestra gran
preocupación respecto al voto que está pendiente en el Congreso mexicano, el
cual retrasaría las protecciones a los derechos laborales y haría todavía más
difícil que los trabajadores puedan formar sindicatos independientes.
“En vez de abordar las debilidades de la
ley laboral mexicana existentes, la legislación propuesta debilitaría aún más
la situación de los trabajadores. La propuesta ampliaría el sistema de
contratos de protección firmados entre los empleadores y los sindicatos
dominados por los empleadores, crearía impedimentos adicionales al ejercicio
del derecho a huelga, debilitaría las protecciones laborales, promovería el
trabajo precario y violaría la autonomía sindical.”
Debido al estado alicaído de la economía
estadunidense, el empleo es uno de los temas centrales de la campaña
presidencial que culmina en noviembre próximo y en la cual Obama busca la
relección frente al republicano Mitt Romney.
Para los demócratas, los cambios a la
legislación ampliarían el sistema de contratos de protección, crearían
impedimentos adicionales al ejercicio del derecho a huelga, debilitarían las
protecciones laborales y promoverían el trabajo precario, además de quebrantar
la autonomía sindical.
La carta de los legisladores estadunidenses
recuerda que “el intento por debilitar las protecciones a los derechos
laborales en México ocurre justo cuando el gobierno mexicano está por unirse
oficialmente a las negociaciones” del TPP y sugiere al gobierno de Estados
Unidos “dejar claro que no es aceptable debilitar la ley laboral justo antes de
unirse a las negociaciones del acuerdo”.
En tanto, los opositores a la reforma
laboral calderonista preparan una ofensiva internacional para denunciar lo que
consideran violaciones a la reforma constitucional en derechos humanos, a las
convenciones 87 y 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva de la OIT
y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
vigente desde 1976.
Uno de sus propósitos es que una misión de
la OIT visite México para constatar el impacto que tendrá la reforma impulsada
por el PRI y el PAN. El Consejo de Administración de la OIT analizará la
situación laboral de naciones como México en su sesión de noviembre próximo en
Ginebra.
Los opositores a la reforma laboral
pretenden presentar el caso actual ante el Comité DESC, conformado por 18
expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional:
“También queremos incidir para que la relatora especial de la ONU sobre la
Pobreza (la chilena Magdalena Sepúlveda Carmona) asuma el asunto del trabajo,
pues a trabajo precario, ingreso precario”, sostiene la abogada Patricia Juan.
Fuente: Proceso